El proceso para la ilegalización de Batasuna sigue abierto. Ayer
mismo, la Abogacía del Estado presentó ante la Sala Especial del
Tribunal Supremo, encargada de este proceso de ilegalización, las
pruebas que ha recopilado contra la coalición abertzale. Así lo
anunciaba ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, que
mostraba, además, su deseo de que el Alto Tribunal declare ilegal a
Batasuna el próximo mes de febrero.
El ministro considera «muy importantes» las aportaciones
realizadas por la Abogacía del Estado que se unen a los centenares
de pruebas que ya aportaron el pasado 3 de septiembre en sus
demandas de ilegalización la Fiscalía General y la propia Abogacía.
Entre las citadas pruebas se incluye una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en la que se condena al
Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa), «que quería pagar con dinero
público, de todos los ciudadanos, la fianza de un terrorista».
Además, se aportan pruebas de cómo distintos consistorios
gobernados por Batasuna destinan dinero público a pagar los viajes
y la estancia de los familiares de presos de la banda terrorista
que se desplazan a las cárceles. Otra de las cuestiones aportadas
por la Abogacía del Estado es el último auto del titular del
Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, por el que «se imputa a 20 personas de Batasuna
como responsables del entramado terrorista etarra».
Asímismo, la fuga del diputado de EH en el Parlamento vasco,
Josu Urrutikoetxea Bengoetxe, alias 'Josu Ternera', es otra de las
pruebas que se aportan para solicitar la ilegalización de la
coalición abertzale. «Es un hecho muy relevante a estos efectos de
la ilegalización el que el señor Ternera, un portavoz relevante de
Batasuna, sea hoy un prófugo de la Justicia y no dé la cara ante el
Estado de Derecho, que le acusa por horrendos crímenes de
terrorismo», apuntó Michavila.
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