El presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, anunció ayer
que el Ejecutivo estudia una reforma del Código Penal para que los
terroristas y los condenados por delitos especialmente graves
cumplan de manera «íntegra y efectiva» el límite máximo de sus
condenas. En la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Aznar
explicó que el anteproyecto de la Ley Orgánica con las reformas,
que afectan a los artículos 36 y 78 del Código Penal, será aprobado
el próximo 3 de enero por el Consejo de Ministros.
El objetivo de la reforma es «evitar posibles supuestos de
práctica impunidad, como consecuencia de la aplicación de
beneficios penitenciarios», precisó Aznar, quien añadió que de este
modo «se pone fin al hecho de España sea uno de los países en que
más barato salga penalmente ser terrorista». La reforma también
afectará a los condenados por delitos de sustracción y
enriquecimiento con fondos públicos, que «tendrán limitado su
acceso al tercer grado si no han devuelto las cantidades
sustraídas», apuntó. En este caso se encuadraría el caso de Luis
Roldán.
Aznar también indicó que el Gobierno desea recabar para esta
iniciativa «el mayor grado posible de apoyo parlamentario, desde el
respeto constitucional, la reflexión serena y el rigor técnico». En
la conferencia de prensa al término de la reunión, el secretario
general del PP, Javier Arenas, explicó que se trata de una reforma
para la que el PP confía recabar «el máximo apoyo posible» de las
demás fuerzas políticas, pero explicó que al tratarse de un
anteproyecto existe la posibilidad de discutirlo en el Congreso y
en el Senado con otras formaciones parlamentarias.
Preguntado por el hecho de que el cumplimiento íntegro de las
penas figuraba entre los compromisos electorales del PP en 1996
pero no en el programa electoral del 2000, Arenas explicó que se
trata de un «deseo muy firme desde el primer día» para los
populares, y que «si no venía explicitado con claridad (en el
programa), es un tema que siempre ha estado dentro de nuestra
filosofía». Y expresó su convicción de que la sociedad «comparte
con el Gobierno el deseo de que se cumplan los periodos máximos de
las penas.
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