El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que el
Gobierno estima inicialmente en 1.000 millones de euros, como
mínimo, el coste ya acometido en 2002 y previsto para 2003 que
generarán las medidas adoptadas para paliar la catástrofe del
'Prestige'.
Apuntó que este coste -que es una cifra «abierta» y que se
aumentará con los imprevistos, con el coste de las medidas fiscales
de ayuda adoptadas y con el dinero que suponga la solución final
que se articule para el fuel del buque hundido- se sufragará con
los Presupuestos del Estado, «sin excluir» cualquier otra
posibilidad de financiación que sea necesaria y se puede movilizar,
como los fondos europeos.
En comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda del
Congreso de los Diputados, Montoro explicó que, según sus cálculos,
la mitad del coste estimado (500 millones) se centra en las
operaciones de limpieza del mar, recogida y tratamiento de
combustible flotante, reconocimientos aéreos y marítimos, succión
de fuel, convenios con las cofradías pesqueras para la limpieza de
zonas de difícil acceso y en la reparación de las grietas del
'Prestige'.
Ya en clave política, el secretario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, aseguró que «si Aznar no acepta una comisión de
investigación» en el Congreso sobre la catástrofe del Prestige,
«habrá comisión después de Aznar». Zapatero añadió que «lo que ha
hecho el PP» desde el accidente «es un conjunto de despropósitos
muy preocupantes», y se preguntó «qué credibilidad pueden tener los
españoles en un Gobierno que se niega a una comisión de
investigación» «Si en un país moderno y una democracia seria no se
admite que esto se tiene que investigar, es la mejor demostración
de un Gobierno sin sensibilidad democrática y sin respeto al
Parlamento», añadió.
El secretario general del PP, Javier Arenas, preguntó al líder
del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, si «lo que está planteando
es que se abran varias comisiones de investigación sobre los
gobiernos del señor González». «Nosotros no lo hemos hecho porque
no tiene ningún sentido». El presidente del Gobierno gallego,
Manuel Fraga, negó por su parte la existencia de cualquier «tipo de
presión» o directrices impuestas desde la dirección nacional del PP
para orientar la próxima remodelación del Gobierno gallego, que
acometerá la última semana de enero.
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