Rato escucha las peticiones de los sectores afectados.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó ayer que el Gobierno estima inicialmente en 1.000 millones de euros, como mínimo, el coste ya acometido en 2002 y previsto para 2003 que generarán las medidas adoptadas para paliar la catástrofe del 'Prestige'.

Apuntó que este coste -que es una cifra «abierta» y que se aumentará con los imprevistos, con el coste de las medidas fiscales de ayuda adoptadas y con el dinero que suponga la solución final que se articule para el fuel del buque hundido- se sufragará con los Presupuestos del Estado, «sin excluir» cualquier otra posibilidad de financiación que sea necesaria y se puede movilizar, como los fondos europeos.

En comparecencia en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Montoro explicó que, según sus cálculos, la mitad del coste estimado (500 millones) se centra en las operaciones de limpieza del mar, recogida y tratamiento de combustible flotante, reconocimientos aéreos y marítimos, succión de fuel, convenios con las cofradías pesqueras para la limpieza de zonas de difícil acceso y en la reparación de las grietas del 'Prestige'.

Ya en clave política, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que «si Aznar no acepta una comisión de investigación» en el Congreso sobre la catástrofe del Prestige, «habrá comisión después de Aznar». Zapatero añadió que «lo que ha hecho el PP» desde el accidente «es un conjunto de despropósitos muy preocupantes», y se preguntó «qué credibilidad pueden tener los españoles en un Gobierno que se niega a una comisión de investigación» «Si en un país moderno y una democracia seria no se admite que esto se tiene que investigar, es la mejor demostración de un Gobierno sin sensibilidad democrática y sin respeto al Parlamento», añadió.

El secretario general del PP, Javier Arenas, preguntó al líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, si «lo que está planteando es que se abran varias comisiones de investigación sobre los gobiernos del señor González». «Nosotros no lo hemos hecho porque no tiene ningún sentido». El presidente del Gobierno gallego, Manuel Fraga, negó por su parte la existencia de cualquier «tipo de presión» o directrices impuestas desde la dirección nacional del PP para orientar la próxima remodelación del Gobierno gallego, que acometerá la última semana de enero.