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La verja de Gibraltar se cerró ayer por primera vez desde el año 1985 ante la llegada del buque Aurora con 400 pasajeros a bordo infectados por el virus Norwalk. La decisión, que según la ministra de Sanidad fue una precaución ante el riesgo potencial que podía correr la población, provocó airadas reacciones por parte de las autoridades británicas. EAurora, durante este crucero, había hecho escala en Palma. Desde Bruselas calificaron de «legal» la medida, que además fue respaldada por la Sociedad Española de Virología. El buque abandonó el puerto a las 18.15 horas de ayer.

Esta precaución no fue bien entendida por las autoridades británicas ni por las de la Colonia. El Gobierno británico desplegó una intensa actividad para resolver la situación. El secretario del Foreign Office, Jack Straw, calificó de «inútil y desproporcionada» la decisión. Igualmente, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, aseguró que se trata de una «situación escandalosa, desproporcionada y de ninguna manera justificada por ningún análisis médico sobre la situación sanitaria en Gibraltar». En su opinión, el Gobierno está utilizando esta situación «como un arma política» en contra de los ciudadanos gibraltareños. Asimismo, acusó a España de violar las leyes internacionales de libre tránsito al cerrar el paso. Esta postura no fue respaldada por la Comisión Europea, que consideró «legal» el cierre de la frontera con Gibraltar por ser un procedimiento previsto en la legislación comunitaria por razones de salud pública.

Según informó Sanidad, el cierre de la verja era una medida «preventiva y cautelar» hasta que se tuviera más información sobre el estado de los pasajeros del barco ya que «no se sabe más de los que se ha ido informando estos días». Fuentes diplomáticas españolas señalaron que las razones por las que se había tomado la decisión es que «los británicos llevaban 48 horas sin ofrecer la información que se les había pedido», subrayando que el problema de fondo es la divergencia de opiniones existente entre Madrid y Londres respecto a las autoridades responsables del Peñón.

Reino Unido asegura que son las autoridades gibraltareñas las encargadas de informar y gestionar los acontecimientos, mientras que España considera que es Londres el responsable último.

El coordinador general del PP en Cádiz, Jorge Ramos, insistió en este aspecto, subrayando que la medida adoptada por Sanidad es la respuesta a la ausencia de garantías y explicaciones del Reino Unido, que han hecho imposible evaluar el riesgo potencial para las personas. La propia ministra de Sanidad se desplazó a Gibraltar para evaluar la situación con las autoridades locales.