Pedro Solbes (derecha) y el ministro Jordi Sevilla, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal.

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó anoche la propuesta presentada por el Gobierno en la Conferencia de Presidentes para financiar el déficit sanitario, con el apoyo de todas las comunidades autónomas, excepto las gobernadas por el PP, que se abstuvieron y el rechazo de las ciudades autónomas. El consejero de Economía y Hacienda de Navarra, de UPN, votó a favor de la propuesta. Andalucía y Catalunya serán las comunidades autónomas que más dinero recibirán para la financiación sanitaria procedente de las transferencias del Estado.

La propuesta del Ejecutivo contempla una aportación total del Estado a las comunidades autónomas de 3.042,4 millones de euros anuales, de los que 1.365,4 millones son fruto del incremento de los anticipos a cuenta de los impuestos cedidos y del fondo de suficiencia.

De los 1.677 millones restantes, 500 millones corresponden a transferencias directas a las comunidades; 50 millones, al Plan de Calidad e Igualdad del Sistema Nacional de Salud; 45 millones, al Fondo de Cohesión Sanitaria; 55 millones, al fondo de insularidad; otros 500 millones, al fondo específico para mantenimiento de la garantía de crecimiento de ingresos igual al PIB; 200 millones, para asistencia a residentes extranjeros; y 100 millones, para atención de accidentes laborales no cubiertos por las mutuas. También se destinarán 227 millones provenientes del incremento de los Impuestos Especiales sobre Alcohol y Tabaco.

Además, las comunidades autónomas pueden añadir otros 1.838 millones de euros para financiar la sanidad si finalmente utilizan el aumento de la capacidad normativa en los impuestos indirectos (hidrocarburos, electricidad y matriculaciones), algo que las comunidades del PP aseguran que no van a materializar.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, destacó que el mayor esfuerzo y el «coste político y financiero» lo pone el Estado, pese a que la Sanidad es competencia autonómica.