El futuro papel del Tribunal Supremo y las esperanzas en el próximo
final del terrorismo etarra centraron ayer los discursos del
solemne acto de apertura del año judicial, presidido por el Rey y
al que asistieron numerosas personalidades del mundo de la
Justicia. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el
presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando, hicieron
balance de sus instituciones.
Conde-Pumpido expresó un «moderado optimismo» por el descenso de la
delincuencia y abogó por la modernización, la especialización y una
suficiente dotación presupuestaria de la Fiscalía para hacer frente
a prioridades como la lucha contra el crimen organizado, la
violencia de género o los delitos medioambientales, entre otros.
El acto, celebrado en el salón de plenos del Tribunal Supremo,
se inició con la intervención del fiscal general del Estado, quien
resaltó que el «extraordinario nivel» de la eficacia policial y
judicial, así como la acción legislativa de los últimos años ha
«debilitado extraordinariamente» a ETA y permite «contemplar
esperanzados un próximo final de esta modalidad terrorista».
En el capítulo de terrorismo, el fiscal general recordó a las
191 personas fallecidas y a los más de mil heridos a consecuencia
del 11-M y aseguró que la violenta irrupción del terrorismo
islamista ha obligado a los poderes públicos «al replanteamiento de
las técnicas de investigación policial y judicial contra este nuevo
peligro».
También se refirió Conde-Pumpido al papel del Tribunal Supremo y
a la reestructuración del recurso de casación que, dijo, «no sólo
responde a la histórica reivindicación» del alto tribunal como
órgano de unificación de doctrina.
Según el fiscal general, al acentuarse la fuerza vinculante de
la jurisprudencia del Supremo en la interpretación y la aplicación
judicial de la ley «en la casación cristaliza el principio de
igualdad de los ciudadanos ante la ley, cualquiera que sea el lugar
del Estado donde se encuentren».
Hernando se refirió al «papel clave» que debe jugar el Supremo
ante el hecho «no infrecuente» de la aparición de sentencias
contradictorias procedentes de los distintos Juzgados y
Tribunales.
Esta fuerza vinculante, según el presidente del TS, no puede
limitar sus efectos a la mera posibilidad, como hoy ocurre, de
interponer recurso de casación por el motivo de la infracción de
doctrina jurisprudencial.
Además, resaltó la importancia que tiene que el Tribunal
Supremo, con efectos en todo el territorio nacional, «pueda
pronunciarse con eficacia y autoridad en orden a la unidad,
coherencia y certeza del derecho punitivo generado por el Estado,
es decir con independencia de cuál sea el reparto de funciones que
se establezca con los Tribunales Superiores de Justicia».
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