La Mesa del Congreso rechazó ayer, con los cinco votos de los
representantes de PSOE, CiU e IU-ICV, la petición del PP de
solicitar unos informes previos al Consejo de Estado, al Consejo
General del Poder Judicial y al Tribunal de Cuentas para ahondar en
la teoría de que el proyecto de Estatut de Catalunya es en realidad
una reforma constitucional.
Con la petición de informes previos el PP pretendía fundamentar su
idea de que el proyecto de Estatut es, en la práctica, una reforma
constitucional. Sin embargo, PSOE, CiU e IU-ICV consideraron que no
había «anclaje legal específico» para atender la demanda del PP y
expresaron sus sospechas de que el objetivo real del partido fuera
la dilación política de la tramitación.
Tras la aprobación, después de más de siete horas de reunión, de
la toma en consideración de lo que finalmente se calificó como una
reforma estatutaria, el PP atacó duramente al PSOE, acusándole de
ser el responsable de «un fraude democrático y constitucional» y de
empujar a todo el Poder Legislativo a ser su «cómplice». El resto
de partidos enmarcaron las opiniones de los populares en su
estrategia de desgaste al Gobierno y le animaron a recurrir al
Constitucional, convencidos de que no amparará su demanda.
Así, el órgano de gobierno rechazó, con los cinco votos de
socialistas, convergentes y ecosocialistas, que se recabasen esa
serie de informes a las instituciones del Estado y, por otro lado,
aprobó la toma en consideración en Pleno del Estatut, eso sí, como
reforma estatutaria.
Esta pequeña batalla jurídica en la Mesa de la Cámara Baja
provocó un duro cruce de acusaciones entre los partidos. El
portavoz del PP, Eduardo Zaplana, consideró que con la tramitación
del Estatut se «logra la desaparición total del Estado en
Catalunya, destruye la cohesión nacional, acaba con la solidaridad
de todos los españoles y rompe con el espíritu de convivencia de la
Transición». Por ello, sostuvo que si la Mesa admite su toma en
consideración el Poder Legislativo se estará «convirtiendo en
cómplice» de un «fraude democrático y constitucional».
Además, Zaplana avanzó que el PP recurrirá la decisión de la
Mesa y después ante el Constitucional, pues, señaló, «hay elementos
de sobra para que prospere» su posición. No obstante, el portavoz
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, no cree que el recurso de los
populares vaya a prosperar e, incluso, animó al PP a recurrir al
Alto Tribunal.
De otra parte, el ministro de Defensa, José Bono, advirtió el
domingo al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, de que
el Gobierno al que él pertenece nunca aceptará que el nuevo Estatut
recoja el término nación. La conversación se produjo durante la
cena celebrada en la embajada de Portugal en Madrid.
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