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La Comisión Europea decidirá en su reunión de hoy que son las autoridades españolas las que deben tramitar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, según el acuerdo alcanzado ayer por los jefes de gabinete de los comisarios. La razón esgrimida por la comisaria encargada de la cuestión es que el volumen de negocios de Endesa en España en 2004 supera la cifra clave de dos tercios del total de sus operaciones en la UE, por lo que no procede su tratamiento como una cuestión intracomunitaria. Los jefes de gabinete dieron su visto bueno a una propuesta de decisión de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, que señala que la jurisdicción sobre el caso corresponde a las autoridades españolas, tras el análisis detallado de las cuentas aportadas por ambas compañías.

Sin embargo, la comisaria optó por que la decisión sobre quién debe tramitar la OPA -que ha generado reticencias en Portugal e Italia y se está politizando en España- tuviera el respaldo de toda la Comisión.

El procedimiento para que el Colegio de comisarios se pronuncie sobre la jurisdicción en una OPA es muy infrecuente, ya que se trata de una cuestión de carácter técnico en la que Kroes tiene plena competencia y podía haber tomado una decisión por sí sola.

La OPA hostil de Gas Natural sobre el 100% de las acciones de Endesa, por valor de 22.549 millones de euros, fue anunciada el 5 de septiembre. Según el reglamento europeo de fusiones, si Endesa desarrolla en España más de dos tercios de su volumen de negocios a escala de la UE, el estudio de la operación corresponde a las autoridades españolas de la competencia, mientras que el análisis correspondería a los servicios de la Comisión si la cifra fuera inferior al 66 por ciento.

El Gobierno español y Gas Natural consideran que los efectos de la operación deben ser estudiados por la autoridad española de la competencia, mientras que Endesa ha presentado datos a Bruselas que en su opinión justificarían que fuera la Comisión Europea la que estudiara el asunto.

Endesa se dirigió a la CE el pasado 19 de septiembre para que asumiera el análisis de la OPA ya que, según la eléctrica, con las nuevas normas de información financiera (NIIF) su facturación en España no sobrepasa el 66,6 por ciento de su cifra de negocio en la Unión Europea.

Por el contrario, Gas Natural considera que estas cuentas no pueden ser válidas ya que los cálculos con las NIIF no han sido auditados. Bruselas retrasó su pronunciamiento en varias ocasiones, la última durante la semana pasada, como consecuencia de la nueva información remitida por ambas compañías y recibida a última hora por los servicios de Competencia comunitarios.