Las administraciones públicas podrán retirar subvenciones y ayudas a aquellas instituciones o particulares que conserven símbolos franquistas, que estarán obligados a retirar en virtud de la nueva redacción de la ley de Memoria Histórica aprobada ayer por la ponencia del Congreso.
La ponencia encargada de informar sobre este proyecto se reunió ayer por la tarde en el Congreso y acordó elevar a la Comisión Constitucional, convocada para el próximo miércoles, un texto propuesto por el PSOE que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con otros grupos parlamentarios.
La principal novedad está recogida en el artículo 15, que extiende a todas las entidades públicas y privadas, así como a los particulares, la obligación de retirar los símbolos franquistas, deber que en el anterior texto sólo afectaba a las instituciones estatales.
Con la nueva redacción, las administraciones públicas «tomarán las medidas oportunas» para retirar «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura».
Sólo se salvarán estos elementos simbólicos «cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados» o por razones «artísticas y arquitectónicas».
Para quienes no cumplan con esa disposición, incluidos propietarios privados, el proyecto legislativo establece la posibilidad de retirar las subvenciones o ayudas públicas.
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