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Los 27 procesados en el juicio a Gestoras pro Amnistía han renunciado a su derecho a la defensa en el juicio que comenzó ayer en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la madrileña Casa de Campo, porque han opinado que la sentencia condenatoria ya está decidida.

Ante esta acusación y al término de la sesión, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha advertido de que «no va a discutir» este argumento pero ha subrayado: «nosotros no juzgamos ideologías sino actividades presuntamente delictivas y simplemente en función de las pruebas, se dictará la sentencia correspondiente».

Todos los acusados, que se enfrentan a una pena de diez años de cárcel por pertenencia a ETA, se han negado a responder a la preguntas del fiscal, Carlos Bautista, así como a las de la acusación popular, que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y sólo han respondido a las cuestiones planteadas por sus defensas.

El juicio comenzó las 10.19 horas con la declaración del ex portavoz de Gestoras Juan María Olano, quien ha sentado la pauta que posteriormente han seguido el resto de acusados, al denunciar que el tribunal que juzga esta causa «está a miles de kilómetros de la imparcialidad».

«La sentencia contra nosotros está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político», ha asegurado Olano, quien ha subrayado que «no espera ningún tipo de justicia», al tiempo que ha destacado que «con las medidas de represión sólo se alimenta el conflicto y es responsabilidad de todos crear el entorno para el diálogo». 'Orgullosos' A Olano le han sucedido en el estrado el resto de procesados, que al igual que él, han reconocido pertenecer a Gestoras y se han sentido «orgullosos» de ello porque, según han declarado, a través de esta organización han luchado contra el «apartheid penitenciario» que sufren los presos de ETA.

Así, los responsables nacionales de Gestoras, junto con Olano, Julen Celarain y Aitor Àngel Jugo, han asegurado que el pueblo vasco no es libre, y el primero de ellos ha manifestado que la política penitenciaria que «se impone a los presos políticos vascos se basa en el sufrimiento humano».

Por su parte, la única procesada que se encuentra en prisión, aunque por otra causa, María Teresa Díaz de Heredia, ha señalado que responder a las preguntas de su defensa «es una forma de visualizar el derecho a la pataleta que es lo único que nos queda».