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El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, es partidario del uso de medicamentos inhibidores del deseo sexual, bajo prescripción médica, para pederastas cuya rehabilitación, una vez cumplida su pena, no esté asegurada y asegura que el proyecto de ley que su equipo prepara y que se presentará el próximo otoño establecerá «posibilidades para que los profesionales puedan aplicar el tratamiento que convenga» en cada caso.

En una entrevista publicada ayer en el diario Expansión, el ministro explica que no le gusta «hablar de 'castración química', porque induce a error», pero defiende que «hay medicamentos que inhiben el deseo sexual y funcionan para algunas personas». Además, Bermejo indica que, para mejorar la lucha contra los delincuentes sexuales, habrá que «ver si hay que elevar las penas; afinar el sistema para que no salga nadie de presión hasta el último día, si no tiene un buen pronóstico; y que cuando no haya ese pronóstico, se contemple la prolongación del control después de la liberación». Este «control», explicó, pasaría por «obligar a seguir un tratamiento y poner los medios para que eso ocurra».

El portavoz de la organización Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, considera «imposible» que se imponga a los pederastas los inhibidores del deseo sexual, porque «atacaría la dignidad y la propia libertad de la persona».

«Tan sólo se podría obligar a una persona a tomar medicamentos en supuestos de peligro de muerte», añadió Tapia, que reiteró que someter a los delincuentes sexuales «forzosamente» a un tratamiento «ataca su dignidad y libertad».

Asimismo, aclaró que los inhibidores del deseo sexual «no son nada nuevo», y dijo que se pueden utilizar en aquellas personas que lo pidan «voluntariamente».

El portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Lorenzo del Río, se manifestó en parecidos términos y señaló que la aplicación de inhibidores de deseo sexual para pederastas sólo se puede hacer si hay consentimiento del afectado y añadió que si se quiere imponer «es necesaria» una reforma del Código Penal.