De Juana inicia una huelga de hambre tras pedir el fiscal el embargo de su piso

El preso de ETA Iñaki de Juana Chaos, recluido en la cárcel de Aranjuez (Madrid), inició ayer una huelga de hambre indefinida, según ha desvelado el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda terrorista Askatasuna.

En un comunicado redactado íntegramente en euskera, esta organización explica que las razones de la huelga de hambre son «la inadmisible campaña mediática» iniciada en su contra y contra su familia, así como la «política de excepción» que se «impone» a los presos de ETA, que supone «castigos para toda la vida» y que estos internos «se pudran» en las cárceles.

Iñaki de Juana Chaos ha cobrado actualidad informativa en la última semana por su próxima excarcelación, prevista para el próximo 2 de agosto, así como por la posibilidad de que cuando quede en libertad se establezca en una zona de un barrio de San Sebastián en cuyas cercanías residen varias víctimas de la banda terrorista.

En su nota, Askatasuna recuerda que De Juana no fue excarcelado «tras cumplir 17 años de pena» y que «se le abrieron nuevas causas sin base jurídica», tomando como pretexto dos artículos de opinión.

«Tras cumplir tres años más de condena -continúa el escrito- el Gobierno del PSOE está haciendo -ahora- todos los intentos para continuar castigando a Iñaki y a su familia, con todos los instrumentos que tiene en su mano».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer el embargo preventivo «fulminante» de la vivienda del etarra Iñaki De Juana Chaos en San Sebastián, que saldrá de prisión el próximo 2 de agosto, para que pueda satisfacer la deuda que tiene contraída con sus víctimas.

El fiscal Ignacio Gordillo ha solicitado también que se deduzca testimonio para que el Juzgado competente de San Sebastián investigue el presunto alzamiento de bienes en el que ha podido incurrir De Juana o su esposa, Irati Aranzabal, con el objetivo de no hacer frente a la deuda que tiene pendiente.

El embargo preventivo, que ha sido requerido a la sección primera de la Sala de lo Penal, que fue la que dictó la última sentencia contra el terrorista, en la que fue condenado a tres años de prisión por amenazas, no implica que su mujer, propietaria de la casa, y él tengan que abandonar la vivienda.