La secretaria de Organización del PSOE. Foto: JUANJO GUILLÉN/EFE

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Un total de 300.000 personas se beneficiarán de la ayuda a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo y no dispongan de ingresos, según aseguró ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que anunció que la medida entrará en vigor a mediados de este mes con efectos retroactivos desde el 1 de agosto.

La medida será aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario de hoy, jueves. Corbacho señaló que el programa podría durar más allá de los seis meses, si las condiciones económicas lo exigen. El ministro de Trabajo reconoció que al Gobierno le queda cada vez menos margen para tomar medidas si repunta el desempleo, «como es lógico y natural», y recordó que «hace un año había una situación financiera mucho mejor».

El ministro de Trabajo subrayó que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán recibir esa ayuda, de 420 euros mensuales, durante un período de seis meses. De esa forma, se evitará que «queden desamparados desde el punto de vista de la protección social», explicó Celestino Corbacho. Los que perciban esta renta deberán asumir el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo, señaló.

Protección

La aprobación de esta medida supone el cumplimiento del anuncio que realizó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después de la ruptura del diálogo social.

El objetivo de esta iniciativa no es «hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tenga acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible», aseguró Celestino Corbacho. El Gobierno tiene previsto mantener esta ayuda más allá de medio año, aunque cada perceptor podrá recibirla durante un máximo de seis meses. La permanencia de esta ayuda estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas.

«Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para las personas, que no para el programa», señaló el ministro. La norma que aprobará el Consejo de Ministros habilita al Gobierno para prorrogar este programa de ayudas si los índices de coyuntura económica sigan siendo negativos.