La reforma, según el Ejecutivo, generará puestos de trabajo y servirá para proteger a los grandes dependientes.
A su vez, con la norma a la que ha dado luz verde el Consejo, desaparecen los dos niveles en que se divide cada grado de gravedad de la dependencia, si bien las personas que ya tuvieran reconocido el grado y el nivel seguirán manteniéndolo.
Según el Ministerio, la reforma establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de Dependencia.
Por otro lado, se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno familiar, mientras que los que ya cotizan, «no saldrán de la seguridad social en tanto en cuanto no se determine el nuevo régimen», según el Ministerio de Sanidad.
A estos cuidadores se les reducirá un quince por ciento la prestación que reciben, una figura que el Gobierno asegura que va a mantener, aunque les pedirá unos conocimientos mínimos para concederles esa asignación con el fin de dar prioridad a los cuidados profesionales.
A partir de ahora, la ley define unos criterios comunes para determinar la capacidad económica del usuario que se calculará además de con la renta, con su patrimonio.
No obstante, las personas dependientes cuyos ingresos estén por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) no tendrán que pagar nada por la atención y a partir de este punto la aportación se medirá de forma progresiva -"a más renta más desembolso"- hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.
El Ejecutivo, además, ha ampliado a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado de dependencia, o no perciben la prestación, reciban dicha cuantía.
Las medidas contenidas en la reforma fueron debatidas el pasado martes por la ministra de Sanidad, Ana Mato, junto con las CCAA en el Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (SAAD).
Mato aseguró a los medios tras la reunión que hasta el momento la ley era «insostenible y necesitaba un cambio urgente», ya que en los últimos años estaba «colapsada», como demuestra el hecho de que más de 300.000 personas están aún en lista de espera.
Según el Ejecutivo, las previsiones a partir de las cuales se diseñó el sistema, en cuanto al nivel económico y número de beneficiarios, han quedado superadas por la realidad, ya que a falta de cuatro años para la implantación total de la norma, de forma acumulada, se han beneficiado 324.416 personas más de lo estimado.
El gasto adicional al previsto inicialmente en la memoria de la ley ha sido de 2.724 millones de euros
La evaluación de la ley por parte del Gobierno indica, entre otras cosas, que el Imserso ha acumulado desde 2007 hasta 2011 una deuda con la Seguridad Social de 820 millones de euros por las cuotas correspondientes a los cuidadores no profesionales, «al no haberse previsto adecuadamente el gasto».
La reforma también prevé la unificación la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial del SAAD en un único órgano de participación.
3 comentarios
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Nuria , no tiene por que vivir en el mismo domicilio, solo las horas que tenga que atender al enfermo,tengo una tia que le valoraron esa ayuda y esta una chica casada y no vive con ella. OK . Saludos Ginebra
¿Sabe alguien si con la reforma de la Ley de Dependencia es obligatorio que residan en el mismo domicilio la persona cuidadora y la dependiente? Gracias
si con la mierda que dan se creen que una persona dependiente que necesite ayuda todo el tiempo va poder pagar a un profesional y encima a los cuidadores familiares le bajan el sueldo pero eso si el rajoy sigue con su coche oficial su sueldazo