El vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en el Congreso. | Javier Lizón

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El Gobierno espera que el presidente catalán, Artur Mas, no llegue a celebrar la consulta que ha pactado con ERC en Catalunya para 2014. Pero en caso de que lo haga, el Ejecutivo acudirá a la vía penal para inhabilitar al jefe del Gobierno catalán.

El Gobierno ya está diseñando los posibles escenarios que se pueden presentar. Fuentes del Ejecutivo esperan que Mas no llegue a convocar la consulta. Sin embargo, el Ejecutivo de Rajoy no alberga muchas esperanzas en que Mas desista de sus planes. Por ello, el Gobierno tiene decidido que recurrirá ante el Constitucional si esta consulta se convoca y ante la previsible anulación de la misma por parte del TC, confían en que Mas acate la sentencia.

Si esto no fuera así, al Gobierno no le quedaría otra opción que recurrir a la vía penal para pedir la inhabilitación de Mas. El recurso a la vía penal, según las fuentes del Ejecutivo, no sería para meter a Mas en la cárcel, sino para inhabilitarle para ejercer el cargo, ya que un presidente de una CCAA no puede saltarse ni la ley, ni las sentencias judiciales.

Ilegal

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por CiU y ERC genera «inestabilidad» y ha avisado de que el punto fuerte de ese pacto, la consulta de autodeterminación apalabrada para 2014, «no es legal» y el Ejecutivo dispone de «muchos mecanismos» para frenarla.

En su intervención ante el Pleno del Congreso en el debate sobre la última cumbre europea, Rajoy ha subrayado que hablar de separaciones va contra «el signo de los tiempos» y en contra del propio proceso abierto en la UE.

«En Europa, de separación y de división créame que no se habla mucho ni tampoco es algo que genere mayor entusiasmo, entre otras cosas porque va contra el signo de los tiempos y contra lo que es el propio proceso de Europa», añadiendo que ni le han dicho «nada» en la UE ni él ha planteado «nada».