Se trata del proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por las que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el régimen laboral y de permisos de jueces y fiscales.
El PP decidió introducir dos enmiendas en ese texto legal para definir el estatus jurídico del rey Juan Carlos una vez que perdió la inviolabilidad tras su abdicación, de tal modo que sólo podrá ser juzgado en el Tribunal Supremo, al igual que la reina Sofía, la reina Letizia y la Princesa de Asturias.
De este modo, la cuestión podría estar resuelta antes de las vacaciones de verano, mientras que si se hubiera esperado al anteproyecto de reforma de la LOPJ podría haberse demorado varios meses, en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Una vez que la ponencia informe el dictamen de la ley, se convocará la Comisión de Justicia, que debe aprobarlo, y se remitirá al pleno del Congreso, donde al tratarse de una ley orgánica necesita de mayoría absoluta para su aprobación.
Posteriormente, el texto se trasladará al Senado para su visto bueno definitivo.
Hasta el momento, el PP ha encontrado el respaldo de UPN y Foro Asturias y el rechazo manifiesto de Izquierda Unida, ERC, UPyD y Amaiur, mientras que el Gobierno vasco ha cuestionado «la urgencia» por aplicarlo.
Aún no hay un pronunciamiento del PSOE sobre este asunto, si bien Eduardo Madina, secretario general del grupo parlamentario y candidato a dirigir el partido, ha declarado que no le parece un problema el aforamiento, aunque ha objetado que «un asunto de tanta trascendencia debería haberse hecho con más serenidad», por el trámite oportuno y con el tiempo necesario.
1 comentario
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Poner el aforo en esa ley es una casualidad, si hubiera en trámite una ley orgánica sobre el ciclo formativo de los sexadores de pollos podría haber caído ahí (lo de caído es sin segundas). Llevamos una legislatura de chapuzas legislativas que da miedo.