Mario Conde, saliendo de su casa el día de su última detención. | Editorial

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El exbanquero Mario Conde puso en marcha un entramado propio del crimen organizado para simular una situación de insolvencia y eludir así tanto el pago de sus responsabilidades en los casos Banesto y Argentia Trust como sus obligaciones con Hacienda, según el sumario de la operación Fénix.

Ya en un oficio de 2011, la UDEF aseguró que los datos sobre el patrimonio de Conde de los que disponía la Agencia Tributaria eran «bastante limitados» puesto que sólo aparecía como representante en cuatro sociedades, si bien ejercía «relación de dominio sobre otras, formalmente vinculadas a sus hijos o a otras personas afines».

Las pesquisas continuadas de la unidad de delincuencia económica refrendaron las sospechas y tiempo después concluyeron que los ingresos controlados por Hacienda eran «un tanto exiguos» dada la frenética actividad profesional del expresidente de Banesto, tertuliano asiduo del Grupo Intereconomía tras la compra de acciones del grupo con dinero de supuesta procedencia ilícita.

Unos ingresos a los que se suman los beneficios obtenidos por las ventas de sus libros que, según consta en el informe, se abonaban en distintas cuentas de las que el fisco no tenía constancia ni control sobre ellas.

Algunos de estos abonos se efectuaron en una cuenta abierta en 1999 por la cuñada de Conde, Paloma Jiménez López de Arenosa, también investigada por colaborar en el blanqueo de 13,06 millones de euros por los que el exbanquero se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 13 de abril.

La documentación que consta en el sumario, expone que dicha cuenta corriente, controlada por Mario Conde y su hija, recibió 390.810 euros en ingresos en efectivo entre 1999 y 2012 realizados, en la mayor parte de las ocasiones, por Lourdes Arroyo y el que fuera conserje de Banesto, Félix Castells.

Según la fiscal Elena Lorente, dichos ingresos servían para «alimentar de modo notable» la cuenta e iban destinados al pago de «gran cantidad de gastos» de la vivienda familiar de los Conde en el madrileño distrito de Chamartín, así como otros muchos gastos que cubrían su «altísimo nivel de vida».

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Y es que como denuncia la UDEF en su oficio, «no es muy plausible» que alguien que declara ingresos de poca cuantía se pueda permitir gastos como abultadas facturas en unos grandes almacenes, el mantenimiento de una embarcación de recreo, o contar con un servicio doméstico compuesto por «cocineros, jardineros y conductores».

Pero tampoco con los 40.400 euros en efectivo que la Guardia Civil encontró en el interior de un maletín durante el registro de la casa de Conde, una cantidad aún con todo inferior a los 91.000 euros incautados en la residencia del que fuera abogado de su esposa Lourdes, Francisco Javier de la Vega.

Todo ello lleva a pensar a los agentes del instituto armado que el expresidente de Banesto continúa manteniendo en la actualidad «fondos opacos» fuera del país, lo que convierte en «trasnacional» una operativa «propia de una organización criminal» en la que están colaborando las autoridades de varios países, entre ellos Italia, Luxemburgo y Suiza.

En este sentido, dice el escrito, la estructura encabezada por Conde se habría servido de «hombres de paja» como Francisco Javier Romero, de nacionalidad hispanosuiza y a quien considera un partícipe necesario de la organización al controlar transferencias que tenían como «últimos beneficiarios» los miembros de la familia Conde.

Unos movimientos que, «no cabe duda», tuvieron como objetivo repatriar el dinero oculto, inyectar liquidez a las empresas, comprar otras sociedades y, en definitiva, «sufragar los elevados gastos personales» del círculo íntimo (ahora investigado) del exbanquero.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el pasado 13 de abril el ingreso en prisión del expresidente de Banesto, acusado de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.

Junto a él ingresó en prisión el abogado Francisco Javier de la Vega, para el que el juez decretó ayer libertad bajo fianza de 100.000 euros, en tanto que la hija de Conde, Alejandra, cooperadora en todo el presunto entramado, se encuentra en arresto domiciliario.