El consistorio ha informado hoy en un comunicado de que se ha decidido una intervención «excepcional» en la compra de estas fincas, que pasarán a formar parte del parque de vivienda pública de la ciudad, para «proteger el derecho a la vivienda, ya que se encuentran en un área de gran demanda residencial y con una presión inmobiliaria fuerte».
En total, el ayuntamiento de Ada Colau desembolsará 5.658.512 euros por la compra de las fincas 7, 9 y 11 de la calle Lancaster, cuyos vecinos alertaron hace meses de que los edificios estaban siendo visitados por posibles compradores.
Se trata de inmuebles que requieren un mantenimiento desde hace años, según la nota, y en los que los inquilinos tienen contratos fraudulentos, «lo que pone en peligro su continuidad en las viviendas en el caso de que la finca continúe en manos privadas», ha asegurado el ayuntamiento barcelonés.
«Dada la presión que padece la zona, desde el distrito de Ciutat Vella se optó por la compra de los inmuebles. La negociación con la propiedad se inició hace meses y se reforzó con la aprobación de una proposición que instaba a la compra de edificios, presentada por el grupo municipal de ERC», ha argumentado el ayuntamiento.
La proposición de ERC incluía comprar también el inmueble número 13 de la misma calle Lancaster, pero no ha sido posible, ha indicado el consistorio.
Las tres fincas adquiridas pasarán a formar parte del parque de vivienda de alquiler público de Barcelona y las gestionará el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, por lo que las familias que viven en las mismas no serán expulsadas de su casa y podrán continuar pagando un alquiler.
El alquiler tendrá un precio asequible, en función de sus ingresos «y siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para acceder a una vivienda pública».
El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que, en este caso, se dan las circunstancias y las condiciones para proceder a la compra, ya que las fincas están situadas en una zona con una presión especulativa intensa en vivienda, los edificios han sufrido procesos de conservación «coercitivos y sancionadores» y se encuentran en una parte de la ciudad en la que hace más de trece años que está pendiente la ejecución de un plan especial urbanístico.
2 comentarios
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Esto es una de las medidas que se tienen que hacer con la cantidad de impuestos que genera esto, la vivienda pública nos la acaba pagando el turista con el alquiler vacacional y dejadnos en paz a los que gracias a esto podemos vivir un poco mejor.
Dinero tirado, simplemente populismo. Se llenará BCN de gente que quiere que le den todo a cambio de nada. Populismo, cáncer de la democracia.