Rajoy ha pactado este mecanismo con los líderes de Ciudadanos, Albert Rivera, y PSOE, Pedro Sánchez, con el que además ha acordado abrir la reforma constitucional en seis meses.
Un día después de la comparecencia de Puigdemont ante el pleno del Parlament, Rajoy ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se ha aprobado el envío de este requerimiento, que por la tarde ha llegado a la Generalitat.
«Basta simplemente con que diga que no declaró la independencia» este martes, ha subrayado Rajoy ya por la tarde ante el pleno del Congreso, donde ha comparecido a petición propia para explicar cómo afronta el Gobierno la crisis catalana.
Según Rajoy, se trata de ofrecer «claridad y seguridad» tras la «confusión» generada este martes por Puigdemont, cuando dijo que asumía el «mandato del pueblo» para que «Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», pero, acto seguido, propuso «suspender los efectos de la declaración de independencia» para abrir la puerta al diálogo.
Si Puigdemont «tuviera un mínimo de generosidad», «respondería al requerimiento» y «abriría vías de cara al futuro», ha considerado Rajoy.
El requerimiento da cinco días a Puigdemont, hasta el lunes a las diez de la mañana, para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y, en caso de que sea así o de que no conteste, fija un segundo plazo, hasta el jueves (día 19) a las diez de la mañana, para que rectifique y evite la aplicación del 155.
Cumplido ese plazo, deberá volver a reunirse el Consejo de Ministros para decidir cómo se concreta la aplicación del 155 antes de pedir al Senado que inicie el procedimiento previsto en la Constitución.
Así las cosas, la contestación de Puigdemont «marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días», ha subrayado Rajoy, dejando la pelota en el tejado del presidente catalán. «En su mano está», ha apostillado.
Como el contenido del artículo 155 no está desarrollado, varios juristas entienden que el Gobierno tiene margen para modular las medidas que considere oportunas, incluso suspender la autonomía.
Una de esas medidas podría ser la de disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas, demanda que lleva tiempo formulando Ciudadanos y a la que hoy se han sumado los socialistas, escépticos ante la posibilidad de que Puigdemont rectifique y para quienes unos comicios adelantados serían una solución «quirúrgica».
La activación de uno de los artículos más controvertidos de la Carta Magna ha coincidido con el acuerdo al que han llegado Rajoy y Sánchez de abrir en seis meses el debate sobre la reforma constitucional.
Debate al que la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha invitado a sumarse a todos los partidos y también a Puigdemont, para que acudan a la Cámara Baja a explicar su proyecto.
Sánchez y Rajoy se vieron la noche del martes en el Palacio de la Moncloa, tras el pleno del Parlament, y el secretario general de los socialistas ratificó al presidente del Gobierno el apoyo de su partido en la respuesta «mesurada y proporcional» del Ejecutivo al desafío independentista.
Durante su intervención en el Congreso, Rajoy ha advertido de que no hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia, ha señalado que no se puede aceptar bajo la apariencia de diálogo una imposición «unilateral» de puntos de vista ni negociar sobre la titularidad de la soberanía nacional y ha subrayado que ha llegado la hora de «poner fin a este desgarro».
Además, ha lamentado que el 1 de octubre el Gobierno catalán incumpliera la ley, las sentencias de los tribunales y su propia legalidad, y «soliviantara las calles para simular una legitimidad democrática de la que carecían sus decisiones».
Según su criterio, el desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas no son más que «dramáticas consecuencias de la violación de la ley».
La «implacable realidad» -ha agregado- ha «desmontado de un plumazo» todas las falsedades que pretendía colocar el «mito de la independencia» como si se tratase de «un cuento de hadas».
El pleno ha servido para confirmar el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos al Gobierno en este tema, si bien Albert Rivera ha advertido al jefe del Ejecutivo de que el requerimiento no es suficiente, y le ha instado por eso a «actuar».
Muy duro ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, al acusar a Rajoy y al Rey de seguir una estrategia de «represión» y al alertar de que los soberanistas no darán «ni un paso atrás», incluso aunque Puigdemont u otros cargos catalanes sean encarcelados por sus decisiones en este proceso. «Y estamos a las puertas de ello», ha remarcado.
El portavoz del PDeCat, Carles Campuzano, ha calificado de «generosa» la oferta de diálogo de Puigdemont de ayer y ha pedido a Rajoy que acepte esta «oportunidad», porque puede «ser la última».
«Con toda solemnidad» ha pedido a Rajoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que se ponga al frente de una negociación y que «deje de romper España».
Desde Barcelona, se ha apresurado a responder el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha dicho «entender la posición» de Rajoy, aunque ha considerado que «podría hacerlo mejor», tras la oferta de diálogo y mediación formulada por Puigdemont.
4 comentarios
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Leyendo El País me entra por momentos la duda de si estoy leyendo El Alcázar. A donde hemos llegado.
Técnicamente Rajoy no ha activado nada. El requerimiento de aclaración, que no de vuelta al orden constitucional, no es más que uno de los plazos previos pues de no aclarar los extremos, yo diría de no convenir la contestación del mandatario autonómico, deberá convocarse otro Consejo de Ministros acordando las medidas de obligado cumplimiento por parte del Presidente de la Comunidad mediante, instrucciones instrucciones (no se suspende la autonomía). Y esta resolución será presentada al Senado que por mayoría absoluta autorizará al Gobierno a ejecutarla. Por lo tanto es el Gobierno el que insta el 155 y el presidente de la Comunidad Autónoma el que debe ejecutarlo. Por supuesto se deben cumplir unos plazos.
¡Pues eso!
Es Govern i es president d'Espanya han actuat correctísimament i amb molta claritat! És es cobard d'en Puigdemont i sa seva troup a qui correspon decidir que volen fer: anar a presó o complir sa llei.