La investigación ha sido iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Álava, y afecta a la compra de dos vehículos que costaron más de 660.000 euros (sin IVA), un precio que, al parecer, resultó considerablemente superior al de otros camiones similares comprados en otros ayuntamientos.
Los vehículos fueron adquiridos en 2005, cuando el contrato de limpieza del Consistorio con la empresa FCC se encontraba en periodo de prórroga.
La actuación de la Fiscalía, confirmada a Europa Press por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, se inició a partir de una denuncia anónima trasladada al ministerio público.
Izaguirre ha explicado que la Fiscalía tiene la «obligación» de estudiar este tipo de denuncias, y que será más adelante cuando se determine si ésta, en concreto, «tiene o no fundamento».
En la actualidad, se está analizando si la compra de los camiones de recogida de basuras, efectuada en 2005, durante el mandato de Maroto como alcalde, pudo constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En todo caso, Izaguirre ha precisado que esta calificación es «muy embrionaria», dado que la investigación judicial se encuentra en una fase «muy primaria».
La compra de estos vehículos ya fue analizada en su día por el Tribunal de Cuentas del Estado, en el marco de una investigación sobre posibles «irregularidades» en el contrato de limpieza con FCC.
El fiscal del Tribunal de Cuentas consideraba, en el escrito que dio lugar a la apertura de la investigación, que el contrato había sido prorrogado pese a que FCC tenían «pendientes» de ejecutar trabajos por un valor que los técnicos municipales estimaron en 820.846 euros.
A raíz del inicio de esta investigación, Maroto remitió al Tribunal de Cuentas diversa documentación para justificar que no existían trabajos pendientes de realizar por parte de la empresa.
Tras analizar la documentación remitida por el actual vicesecretario de Política Social del PP, el fiscal José Ángel Serrano Ruiz constató que «han sido realizadas todas las prestaciones contratadas».
De esa forma, añadía en su escrito, las «irregularidades» fueron «subsanadas», por lo que no apreciaba «menoscabo de fondos públicos», de forma que solicitó el archivo de la causa.
La posición del fiscal fue ratificada a través de un auto de la consejera de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas Maria Antonia Lozano, que decretó el archivo de la causa «al no apreciarse, en el momento en que nos encontramos, y a la vista de la (prueba) documental obrante en las actuaciones, supuesto alguno de responsabilidad contable».
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