El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido a la Guardia Civil que le informe de «los distintos actos de agresión, daños, así como los de grave resistencia o amedrentamiento» ocurridos en Cataluña en las huelgas generales convocadas el 3 de octubre y el 8 de noviembre.
En una providencia, el magistrado que investiga el proceso de independencia catalán reclama a ese cuerpo que le comunique en un informe, «de manera individualizada y secuencial», los actos violentos que se registraron «con ocasión del proceso secesionista» en varios días clave y también la participación en los hechos de las personas imputadas en el Supremo.
Incluye en su petición el 20 y 21 de septiembre, cuando se produjo el asedio a la Conselleria de Economía con ocasión de su registro judicial, y el 1 de octubre, la jornada del referéndum ilegal, pero también introduce, por primera vez, los días 3 de octubre y 8 de noviembre.
La jornada de huelga general del 3 de octubre en protesta por la actuación policial en el 1-O provocó hasta medio centenar de cortes de carretera que colapsaron la red viaria y tuvo un gran seguimiento en el sector educativo, donde se cerraron universidades, colegios e institutos.
Aparte de la manifestación principal de Barcelona, también hubo concentraciones frente a algunos de los principales edificios públicos, la sede del PP y a las puertas de la Jefatura de la Policía Nacional en la ciudad condal.
En la segunda huelga general del 8 de noviembre, en reacción a la encarcelación de los «jordis» y los exconsellers, los principales incidentes se produjeron en las arterias viarias de Cataluña con hasta 70 cortes de carreteras en las horas de mayor afluencia de tráfico, como la AP-7, donde los Mossos tuvieron que desalojar a un centenar de manifestantes.
Además, varios manifestantes, en su mayoría estudiantes, consiguieron obstaculizar las vías del AVE en la estación de Sants durante cinco horas y otro grupo hizo lo mismo en la estación del AVE en Girona, donde además se cerró el acceso viario al aeropuerto de esa localidad, lo que generó numerosos retrasos.
Según el juez, el informe «deberá recoger, para cada uno de los episodios violentos» una serie de datos, como «la descripción básica de lo acontecido y de su trascendencia» y «la identificación del agente policial que estuviera al mando de la dotación policial que se movilizara para afrontar el incidente».
También una relación de los servicios afectados o evaluación de la repercusión del incidente, fotografías y vídeos que reflejen los hechos concretos y, en su caso, «identificación de los agentes que pudieran resultar lesionados, con documentación médica acreditativa de las lesiones».
Si se hubieran producido daños «particulares, urbanos o relativos a la dotación policial» también se tendrán que detallar, con su documentos acreditativos de los mismos y su importe.
Finalmente, pide a la Guardia Civil que concrete la participación en estos hechos de los imputados en el Supremo (13 exconsellers del Govern cesado y su expresidente Carles Puigdemont, 6 miembros de la Mesa del Parlament y los líderes de ANC y Òmnium) y de las personas que formaban parte del «comité estratégico» que se refleja en el documento EnfoCat.
En concreto, reclama a los agentes que describan el «posicionamiento de elogio, tolerancia o rechazo que hayan podido mantener» estas personas sobre cada uno de los hechos violentos y que lo respalden con soportes de vídeo, audio foto o informaciones periodísticas.
Su participación puede plasmarse, dice el juez, tanto «por su presencia en el lugar de los hechos, como por declaraciones previas o posteriores que hagan referencia a los hechos concretos».
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