De esta manera, pasadas las 9,35 horas de este martes comenzaron a llegar los procesados en esta causa, llegando juntos el expresidente José Antonio Griñán y la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, y de los últimos, el expresidente Manuel Chaves.
El juicio tiene previstas dos sesiones esta semana, concretamente el martes y el miércoles, y una vez que finalice la presentación de las cuestiones previas el tribunal requerirá del tiempo «suficiente» para resolverlas antes de proseguir con el juicio con la práctica de la prueba y las declaraciones de los 22 acusados, de 117 testigos y de una docena de peritos, según ya indicó en diciembre el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña.
Según subrayó Calle Peña, «habrá una pausa» en la celebración del juicio «para estudiar y resolver las cuestiones previas» antes de seguir con la vista oral, todo ello «salvo que prospere alguna cuestión previa que pide la nulidad y que el procedimiento sea devuelto», en alusión a la cuestión previa que planteará el abogado de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.
De este modo, y salvo que alguna de las cuestiones previas prospere, el juicio se celebrará tres días a la semana, concretamente los lunes y martes en horario de mañana y el miércoles en horario de mañana y tarde.Mohedano, cabe recordarlo, reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.
Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.
De su lado, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo planteará como cuestión previa la «necesidad» de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente.
El juicio comenzó el día 13 de diciembre de 2017 con la lectura de los escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen PP-A y Manos Limpias, tras lo que los dos días siguientes se centraron en la lectura de los escritos de defensa de los acusados.
Los abogados de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante la lectura de sus escritos de defensa, insistieron en que sus patrocinados ni conocieron ni pudieron conocer el presunto fraude. Así, el letrado de Chaves subrayó que éste «ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas» a la concesión de ayudas sociolaborales.
Por su parte, el abogado de Griñán pide su absolución porque «nunca» intervino en la concesión concreta de las ayudas y «no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda».
Los 22 acusados
Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.
2 comentarios
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Otro paripé de la justicia ya que tanto peperos como sociatas no han puesto a ningún político en la cárcel por defraudar 800 millones. Gastar dinero público para contentar a cuatro políticos desalmados con la conciencia de un caracol.
Esto ya tendria que estar visto para sentencia y ahorrar dinero publico en estar viendo como estan dando vueltas por los juzgados estos dos mangantes.