Bajo el lema «Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información», el colectivo de periodistas se concentrará este viernes en las proximidades del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional -y a unos pocos metros de la sede del CGPJ- para protestar contra esta actuación judicial.
Además, un total de 658 periodistas han firmado un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que han trasladado su «intensa preocupación y alarma por la insólita e injustificable intromisión» en el citado derecho recogido por la Constitución.
«En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos», explica el escrito.
Para los periodistas, esta «insólita actuación» para investigar una filtración del caso Cursach ordenada por el juez de instrucción 12 de Palma de Mallorca, Miguel Florit, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, es «del todo injustificada».
Los periodistas firmantes creen que el CGPJ «no puede permanecer ajeno a este despropósito», ya que una de sus misiones es «procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos».
Por su parte, la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) ha elaborado un manifiesto -al que se ha adherido la Asociación de la Prensa de Madrid (APM)- para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad y velar por su derecho constitucional del secreto profesional.
El registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas de Europa Press Baleares y Diario de Mallorca para identificar una fuente de informaciones en un caso de corrupción suponen «un grave atentado contra la libertad de prensa».
El manifiesto recuerda que la policía judicial requirió también documentos a la Agencia EFE hace algunas semanas y pidió a una periodista de este medio información sobre sus fuentes.
El manifiesto de los profesionales baleares reclama respeto a un periodismo libre, «pilar básico en una democracia» y pide a la Fiscalía que retire su apoyo a estas actuaciones «coercitivas».
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado también su indignación y rechazo ante este hecho que ha calificado de «gravísimo e insólito» y que contraviene principios fundamentales de la libertad de información, amparada por la Constitución, y del «inalienable» secreto profesional, que garantiza la protección de las fuentes.
El presidente de Reporteros Sin Fronteras España, Alfonso Armada, ha exigido, además, la devolución inmediata del material incautado a los periodistas.
El Comité de Redacción del diario El País se ha sumado a la «sorpresa y preocupación» expresada por amplios sectores de la profesión ante la actuación de un juez de Baleares y ha recordado que el secreto profesional no es un privilegio de los informadores, sino la garantía del derecho a la información de los ciudadanos.
«Cualquier actuación que ponga en riesgo este derecho socava los cimientos del sistema democrático y del régimen de libertades que con tantos sacrificios recuperamos hace ahora 40 años», ha subrayado.
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