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El exvicepresident Oriol Junqueras ha protagonizado un alegato político en defensa del diálogo para lograr la independencia, al presentarse ante la sala como «un preso político» juzgado por sus ideas pero evitando el cara a cara con la Fiscalía y sin dar cuentas sobre la Declaración Unilateral de Independencia.

La declaración más esperada del juicio del «procés» se ha limitado a una hora y media de respuestas políticas a su abogado tras renunciar a afrontar el interrogatorio de las acusaciones, «convencido» de que es un proceso «político» en el que ni él ni sus compañeros de banquillo cometieron delito alguno. «Asumí ir a la cárcel y que a lo mejor tenía que pasar un año y medio sin poder hablar» solo por «defender un mandato democrático» emanado de «la mayoría del pueblo de Cataluña» y sin contemplar jamás la violencia como un medio para alcanzar la independencia, ha defendido Junqueras, que se enfrenta a 25 años de prisión por rebelión agravada con malversación.

Persistente e insistente, ha dicho: « Nunca, nunca, nunca, nunca (...) Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia».

Todo lo contrario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, en su opinión, actuaron el 1-O con una «violencia injustificada, innecesaria y que contradecía el mandato judicial», hasta el punto de que era «absolutamente imposible de imaginar que hubiese una intervención policial de este tipo» para hacer frente al comportamiento «cívico, pacífico y ejemplar» de la población, como ya había sucedido aquel polémico 20 de septiembre de 2017.

Desde su punto de vista, aquel día en la Conselleria de Economia no hubo sino una concentración de «actitud pacífica y respetuosa», en la que «se repartían claveles» y «cantaban el 'Virolai', un himno religioso».

Nada ha dicho de los presuntos incidentes que imputa la Fiscalía y que son, junto a las leyes de desconexión, la base de su acusación por rebelión culminada con la DUI. Ni rastro de ninguno de estos tres asuntos determinantes, ni del 1-O por el que ha pasado de puntillas.

Sí que ha dejado claro -lo ha reiterado varias veces- que «votar no es delito», como no lo es promover un referéndum, ni trabajar pacíficamente por la independencia de Cataluña. Lo que es delito -ha dicho- es impedir votar «por la fuerza».

Y ha insistido en la legitimidad del referéndum y en que al conflicto territorial «se le debe dar un salida política», ya que «esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel», hasta el punto que ha anticipado cuál será el escenario futuro: «lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso», en alusión a la autodeterminación de Cataluña.

Todo ello a pesar de su proclamado amor por España: «Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura españolas. Lo he dicho mil veces porque es verdad». Lo que ocurre, ha matizado, es que la mejor forma de garantizar la convivencia entre España y Cataluña es hablando entre iguales, es decir, entre estados.

En este sentido, ha apostado por la «multilateralidad», la negociación política y el diálogo para alcanzar la independencia y ha lamentado que en todas las conversaciones mantenidas hasta ahora con el Ejecutivo siempre se hayan encontrado con una «silla vacía».

Tras el turno de Junqueras ha llegado el del exconseller de Interior Joaquim Forn , quien ha optado por una estrategia de defensa distinta: no solo ha respondido al fiscal y a la abogada del Estado, sino que ha entrado de lleno a hablar de la DUI.

Y lo ha hecho para restarle valor jurídico, al calificarla de mera «declaración política», que no se desarrolló posteriormente, ya que el Govern nunca se planteó otra posibilidad que adelantar los comicios o aceptar el 155.

Forn, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, ha vertebrado su relato en dos premisas fundamentales.

Una, que «los Mossos siempre cumplieron la Ley» y dos, que «no recibieron nunca instrucciones políticas» ni de él ni de Carles Puigdemont «para incumplir con su función de policía judicial» y ejecutar las órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir el 1-O.

Cerrando filas hacia la actuación de la policía autonómica, Forn ha negado su «inactividad» para evitar la votación y ha asegurado que «ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución, ni el 20-S ni el 1-O».

De hecho, ha confesado que la víspera a ser nombrado conseller le dijo a Puigdemont que estaba comprometido políticamente con celebrar el referéndum pero que los Mossos «tenían que cumplir con la ley». «Me dijo que lo entendía y que no me preocupara», ha añadido.

Y ha capeado una de las cuestiones clave de su acusación -la presunta advertencia de los Mossos al Govern sobre el riesgo de violencia el 1-O en un reunión previa- asegurando que los Mossos «no plantearon que hubiera un escenario de violencia generalizada» sino que «solo nos manifestaron su preocupación por actos puntuales».

Puigdemont, el gran ausente del juicio, huido en Bélgica, ha vuelto una vez más a aparecer no solo por boca de los acusados sino cuando el tribunal ha rechazado nuevamente citarlo, al tener la condición de procesado en la causa, porque «en un proceso penal no se puede venir por la mañana de acusado y por la tarde de testigo».

Lo ha hecho al inicio del juicio cuando ha resuelto algunas de las cuestiones previas planteadas. Entre ellas, ha admitido la testifical del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, que los acusados puedan colocarse detrás de sus abogados en lugar de en el banquillo y que puedan declarar en catalán, pero con traducción consecutiva y no la simultánea que reclamaban los acusados, por lo que Junqueras y Forn optaron por hablar en castellano.

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