La Fiscalía ratifica su acusación por rebelión contra Junqueras, Forcadell y Jordis y mantiene las penas de 25 años

La Fiscalía ha mantenido las penas de prisión contra los 12 líderes soberanistas al considerar acreditada la rebelión con la malversación y ha pedido que si son condenados no se les aplique el tercer grado hasta cumplir la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat aplicar beneficios antes de tiempo.

16 semanas después de comenzar el juicio del «procés» y una vez practicada toda la prueba, el tribunal ha escuchado esta tarde las conclusiones definitivas que han elevado acusaciones y defensas.

No ha habido sorpresas. Como ya se había anunciado previamente, la Fiscalía no se ha movido un ápice de las conclusiones provisionales al entender que no hay razón para modificar ni los delitos ni las penas de prisión, que se mantienen invariables.

Pide así 25 años de prisión para Oriol Junqueras por rebelión agravada por malversación como líder del «procés» y 16 años para cada uno de los exconsellers presos por los mismos delitos, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa.

A los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell -también encarcelados- solicita 17 años por rebelión, penas más elevadas que los exconsejeros presos al considerarles promotores; mientras que para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila plantea 7 años por malversación y desobediencia.

Tampoco ha variado su posición la Abogacía del Estado que acusa por sedición, malversación y desobediencia. Las penas quedan igual.

12 años para Junqueras por sedición y malversación; 11 años y medio para Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por los mismo delitos; 10 para Forcadell y 8 para los Jordis por sedición; y 7 años para Vila, Mundó y Borràs por malversación y desobediencia.

Mientras la acusación popular que ejerce Vox ha retirado a Santi Vila la acusación de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia, que no conlleva pena de prisión sino de inhabilitación. Con el resto de acusados no hay cambios.

En un plano más técnico pero no menos importante, la Fiscalía ha pedido al tribunal que aplique el artículo 36.2 del Código Penal para que en caso ser condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitat de Cataluña -donde cumplirían la condena al tener competencias en materia penitenciaria- excarcelarlos o aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

Todo ello viene recogido en su escrito de conclusiones finales, que deberá exponer el próximo martes junto al resto de acusaciones, en el que para reforzar la rebelión, añade la mención al clima «claramente insurrecional» que se vivió en Cataluña del 19 de septiembre al 27 de octubre.

Y de manera destacada da credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos sobre la reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn del 28 de septiembre de 2017 al considerar que les advirtieron de que «era altamente probable que se produjeran situaciones violentas» ya que se esperaba una «enorme movilización», que podría propiciar «choques y enfrentamientos» con la policía, que tenía el mandato judicial de impedir la celebración del referéndum, de manera que pidieron que desconvocara la votación.

Llegado este punto, recoge lo que dijeron algunos comisarios sobre la respuesta del expresident: «si el 1-O había violencia declararía la independencia». Está por ver el impacto que puede tener esta tesis en la acusación del Ministerio Público contra la cúpula policial del «procés» en la Audiencia Nacional.

Como era de esperar, las defensas se han ratificado también en la libre absolución de los acusados al considerar que no han cometido delito y que no hubo violencia ni actuación que ampare ni la rebelión ni la sedición.

Tan solo han introducido un matiz por el cual plantean de manera subsidiaria y alternativa la eximente prevista en el artículo 20.7 del Código Penal, que establece que estará exento de responsabilidad criminal «el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo».

Aunque las conclusiones de las partes han sido las que se han llevado el protagonismo, en realidad la jornada ha estado centrada en los centenares de vídeos de las defensas.
De su mano se han visto a algunos ciudadanos heridos, varias patadas de agentes a votantes -la más famosa la del instituto Pau Claris de Barcelona- o el uso de defensas por encima de la cabeza. Pero también a los agentes sacar uno a uno a los votantes, pese a su resistencia, para abrirse paso hacia los colegios.

Aparte de votantes con las manos en alto y gritando 'Som gent de pau' ('somos gente de paz') entre insultos a los agentes, también se ha visto a policías gritando 'a por ellos' en un autobús, multitud de imágenes de Sànchez negociando en la consellería de Economía el 20-S, así como la rueda de prensa de Puigdemont el 26-O, cuando pese a que estaba previsto que convocase elecciones, abrió las puertas a la DUI.

Quien más ha destacado ha sido Xavier Melero, letrado de Forn, que ha renunciado a proyectar imágenes del 20-S o del 1-O para enseñar a la Sala lo que, a su juicio, son manifestaciones violentas con ejemplos como el asedio al Parlament del 2011 o el Rodea el Congreso de 2012.