Así figura en el documento que rubricarán a partir de las 17.00 horas de este lunes los líderes de PSOE y Unidas Podemos, Pedro Iglesias y Pablo Iglesias, en un acto en el Congreso de los Diputados.
Se abre así la posibilidad de poner en marcha un mecanismo diferente al ya previsto en los Estatutos de Autonomía sobre el diálogo entre el Gobierno central y el de una comunidad autónoma, que se traducía hasta la fecha en una Comisión bilateral presidida normalmente por los vicepresidentes de cada Ejecutivo.
PSOE y Unidas Podemos apuestan por profundizar en órganos de colaboración ya existentes entre el Gobierno central y las CCAA como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales o los convenios de colaboración de las CCAA con el Estado, si bien se precisa que esto no impide la presencia de procedimientos y órganos bilaterales -ya sea entre el Gobierno central y una CCAA o entre Comunidades Autónomas- para «dirimir un asunto de interés específico para una o varias CCAA».
«En todo caso, esas relaciones bilaterales siempre se regirán por los principios de lealtad y colaboración entre territorios que fija la Constitución», precisa el documento, difundido minutos antes de su firma a los medios de comunicación.
El acuerdo entre el PSOE y Podemos tan sólo hace referencia al conflicto con el independentismo en Cataluña para afirmar que el Gobierno de coalición abordará «el conflicto político catalán impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual».
ERC, de cuya necesaria abstención depende que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, exige la creación de una mesa de diálogo bilateral ad hoc entre el Estado y Cataluña para abordar el actual «conflicto político».
PSOE y Podemos se comprometen asimismo a dar cumplimiento a los dictámenes del Tribunal Constitucional y a traspasar a la Generalitat aquellas competencias pendientes ya reconocidas en el Estatut de Cataluña como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.
Los dos partidos también apuestan por mejorar y clarificar la distribución competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas con el objetivo de llevar a cabo un reparto más claro y preciso que delimite qué competencias pertenecen a cada entidad y reduzca al máximo las competencias compartidas en aras de reducir la ambigüedad actual, que a menudo desemboca en litigios en los tribunales.
«En este sentido, resulta fundamental, de un lado, que las competencias del Gobierno central estén bien configuradas, de tal manera que ello permita la correcta coordinación de las políticas nacionales y el respeto a la igualdad de todos los españoles. De otro, que las comunidades autónomas dispongan de las capacidades necesarias para un autogobierno eficiente a la par que respetuoso con el interés general», expone el documento.
Para asesorar al Gobierno a este respecto, el documento avanza la creación de un comité de expertos en esta cuestión.
Otra de las novedades que incorpora el acuerdo entre el PSOE y Podemos para un Gobierno de coalición tiene que ver con la voluntad del futuro Ejecutivo para trasladar total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos estatales a distintas ciudades, como una medida encaminada a hacer frente al reto demográfico. «Este proceso se hará en diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados», señala el texto.
El futuro Gobierno de coalición se compromete a aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que «resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual», si bien en este punto el texto evita fijarse un horizonte temporal concreto.
«El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y la solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro , asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia», razona el documento.
PSOE y Podemos avanzan en el texto su intención de introducir criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanos, al tiempo que se comprometen a fortalecer la participación de las comunidades autónomas en las instituciones de la Unión Europea.
En concreto, hablan de revitalizar la actividad de la Conferencia para Asuntos relacionados con la UE (CARUE) y fortaleciendo la participación de las Conferencias Sectoriales en los debates europeos; potenciando las oficinas de representación de las CCAA en Bruselas siguiendo el modelo de la Coordinación de Oficinas Regionales Españolas, impulsando el poder consultivo del Comité de Regiones o mejorando la capacidad administrativa de las CCAA en la gestión de los fondos comunitarios creando equipos permanentes y unidades de apoyos, formando empleados públicos o generalizando el acceso autonómico al sistema de información comunitario CIRCA.
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