El Gobierno ha reconocido este lunes que decidió la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona la semana pasada ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo que este lunes ha confirmado la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Una sentencia, efectiva desdeeste mismo lunes, que ha marcado el inicio de la semana política y ha llevado a todos los partidos a reclamar la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña.
La seguridad del monarca en el acto convocado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial no fue la única razón por la que el Ejecutivo decidió la ausencia de Felipe VI, según ha reconocido esta mañana el ministro de Justicia, José Manuel Campo.
En una entrevista en RNE, Campo ha explicado que había razones que «cualquier ciudadano podía entender» relativas a la «convivencia, como la inminencia de la sentencia del Supremo o la cercanía con el aniversario del 1-O».
Campo también ha desvelado que el Gobierno trató sin éxito de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aplazara unos días el acto.
El titular de Justicia no ha querido entrar en más polémicas por las diferencias que hay dentro del Gobierno sobre la figura del rey o las afirmaciones que los ministros de Unidas Podemos han hecho sobre el monarca.
Pero mientras Campo hablaba de «rebajar la tensión» sobre esta cuestión, otro ministro, el titular de Universidades, Manuel Castells, criticaba al rey por cometer el acto «imprudente» de haber llamado a Lesmes.
Mientras, desde la oposición, el PP ha seguido arremetiendo contra el Ejecutivo por los «ataques» al rey por parte del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón.
El líder de los populares, Pablo Casado, ha llamado incluso «cómplice» y «cobarde» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no desmentir las críticas vertidas por los dos miembros del Ejecutivo y por no desautorizarlos.
El Partido Popular ha decidido forzar una votación en todas las instituciones del país en defensa del orden constitucional y de las instituciones del Estado, con el rey a la cabeza.
Lo hará a través de una moción que el partido piensa registrar en todos los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos para obligar al resto de formaciones políticas a pronunciarse al respecto. Y Ciudadanos ha expresado su malestar por las explicaciones de Campo, y ha considerado «indignante» que haya justificado la ausencia del monarca en Barcelona.
«Hasta aquí podríamos llegar. No vamos a permitir que este gobierno se ponga por encima de todas las estructuras del Estado», ha advertido la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez.
Vox ha ido más allá y ve al Gobierno «desatado» en un «golpe institucional a la democracia», en palabras del portavoz de ese partido, Jorge Buxadé, quien ha confirmado que mañana registrarán en el Congreso la moción de censura.
En lo que sí han estado de acuerdo hoy Gobierno y oposición ha sido en la necesidad de que haya cuanto antes elecciones en Cataluña tras la sentencia que ha hecho firme la inhabilitación de Quim Torra.
Moncloa no ha querido opinar sobre el fallo y se ha limitado a subrayar su respeto por las decisiones judiciales, aunque también en esta ocasión el ministro Castells se ha salido de la versión oficial del Gobierno y ha considerado «exagerada» la inhabilitación del presidente de la Generalitat.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha reclamado elecciones en Cataluña «cuanto antes mejor» para que haya una «relación fructífera» entre ambas administraciones.
Calvo no ha querido pronunciarse sobre la sentencia, aunque sí sobre su trasfondo político, y ha considerado que «con esta situación convendría que Cataluña entrara en un espacio en el que los catalanes sean los que hablen; cuanto antes mejor».
Toda la oposición ha dicho querer también comicios cuanto antes en Cataluña. «De inmediato», ha reclamado Casado, quien ha insistido en que la inhabilitación ha sido posible por la denuncia que su partido presentó ante la Junta Electoral Central.
«Gana la libertad» con esta sentencia, ha dicho por su parte la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien también se ha arrogado el fallo al recordar que su partido denunció ante la JEC la existencia de pancartas de apoyo a los presos en edificios públicos.
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