El 'irrenunciable' café para todos

No vamos a hablar de cafés ni de sus aromas, sino de libertad editorial y empresarial. Pero esta metáfora nos sirve para explicar el conflicto surgido entre los editores de prensa, a raíz de un canon irrenunciable que las plataformas digitales tienen que pagar por ley a los editores por distribuir nuestros contenidos digitales.

Los que quieren el 'café para todos' exigen que se mantenga a toda costa el pago inflexible de la tasa para todo el colectivo, aprobada por el gobierno del PP en 2014, advirtiendo de que si se elimina esa imposición, la prensa libre desaparecerá y estará condenada a la esclavitud de las grandes tecnológicas de la comunicación.

Y hay otra visión distinta que muchos editores defendemos por ser más acorde con la libertad de mercado y el respeto editorial a pensar y hacer de forma diferente. Afirmamos que los grupos editores deben tener la opción de negociar los acuerdos que estimen oportunos con cualquier plataforma tecnológica, entre otras, con Google, que es la única que ha ofrecido esa posibilidad, puesto que las necesidades e intereses son distintos en cada empresa. Negociar sin ataduras ni imposiciones de ningún tipo.

En cualquier caso, la libertad de prensa, su independencia, el derecho a la información de los ciudadanos, no pueden estar al albur de intereses políticos y empresariales, ni condicionado por los cambios sociales y avances tecnológicos. Son valores sagrados, irrenunciables e intocables, ahora, siempre y bajo cualquier circunstancia.

Hay una frase de Thomas Jefferson que se ha convertido en una referencia de la libertad de prensa. En 1787 le escribe a un amigo y le dice: «Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo». Curiosamente, años después, cuando Jefferson se convierte en el tercer presidente de EEUU no escatimó esfuerzos para atacar y presionar con extrema dureza a la prensa desde la Casa Blanca, afirmando que ya no se podía creer en nada de lo que escribían y que eran elementos contaminantes.

Pasados doscientos años del Jefferson amante y detractor de la libertad de prensa, y estando inmersos en pleno siglo XXI en una profunda transformación tecnológica que ha cambiado por completo el consumo y la distribución de los contenidos editoriales, los editores tenemos que seguir adaptándonos con inteligencia a los nuevos retos, generando los ingresos suficientes que refuercen nuestra independencia y una férrea defensa de la libertad de información.

Por eso hay que hablar ahora, en 2021, de las plataformas tecnológicas y de nuestra relación con ellas, por el uso que hacen de las noticias que generamos los medios de comunicación. En algo estamos todos de acuerdo. Los editores invertimos tiempo, dinero y recursos humanos en producir esa información, que luego distribuyen y manejan las grandes plataformas. Y eso, como es fácilmente comprensible, merece una compensación porque se están beneficiando de nuestro trabajo y hasta ahora no se ha producido. El problema es cómo y quién negocia esa compensación.

La Asociación de Prensa Regional Independiente (AIE) reúne a ocho grupos editoriales que están presentes en nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra) y publican 23 medios de comunicación. Conjuntamente, somos segundo o tercer grupo de prensa generalista de España, según el parámetro que se considere. En el ámbito digital llegamos a más de 25 millones de usuarios únicos. En papel, distribuimos casi medio millón de ejemplares diarios. Todos pertenecemos a la AMI (la Asociación de Medios de Información, antigua AEDE) desde su fundación.

Y llevamos mucho tiempo comprobando que el café para todos, el mismo café de manera obligatoria e irrenunciable, no es una defensa de nuestros derechos ni de nuestros intereses frente a las plataformas tecnológicas. Todo lo contrario: nos ha perjudicado seriamente, no hemos obtenido ingresos por los contenidos y España se ha convertido en una excepción digital mundial, dado que es el único país donde se ha retirado el servicio de distribución de Google News, que decidió irse de España al aprobarse ese canon obligatorio y colectivo en 2014.

La AIE ha hecho lo mismo que más de 450 grupos editoriales parecidos al nuestro que funcionan en todo el mundo. Hemos negociado por primera vez con Google derechos económicos por el uso de nuestros contenidos digitales a satisfacción de ambas partes. Y por primera vez se reconoce el valor de nuestros contenidos digitales y el método rápido y eficaz para recibir los ingresos que nos correspondan.

¿Qué nos falta para que todo esto empiece a funcionar, qué exigimos? Pues falta que la ley española se modifique e incorpore a nuestro ordenamiento la Directiva del Copyright emitida por el Consejo y el Parlamento europeos en abril de 2019, para dejar de ser la única excepción en Europa y en el mundo en este asunto.

Así podremos tomar decisiones sin imposiciones de 'café para todos', porque somos los mejores conocedores de las peculiaridades y circunstancias de nuestras empresas, que no son las mismas para todos. Así se acabará con el 'irrenunciable' canon y con la obligatoriedad de usar entidades de gestión colectiva, las mismas para todos, que no se adaptan a la realidad de cada editor, que plantean serios problemas de reparto y que encima nos cobra por su gestión.

De la rapidez con que la ley española se adapte a la directiva europea depende algo tan sencillo y tan importante como capear la crisis que estamos viviendo, que ya estaba ahí pero que la pandemia ha agudizado.

La sibilina alternativa planteada por los defensores de la 'irrenunciabilidad' para todos entre libertad e independencia o sometimiento y sumisión a las grandes plataformas digitales es falaz y queda desarmada por la propia directiva europea.

La normativa del copyright da a los editores de prensa un mayor control sobre los contenidos que generan y más claridad sobre los derechos de los editores para lograr, como dice el texto europeo, «una prensa libre y plural [que] es esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la información». Los editores tenemos el control exclusivo sobre el uso online de los contenidos que generemos, sin que nadie pueda decidir por nosotros, como no puede ser de otra manera.

En su novela El general en su laberinto, Gabriel García Márquez le hace decir a Simón Bolívar: «no sé dónde se arrogaron los demagogos el derecho a llamarse liberales. Se robaron la palabra, ni más ni menos, como se roban todo lo que cae en sus manos».

Firman este texto los editores de Henneo, Diario de Navarra, Grupo Joly, Grupo Serra, La Gaceta de Salamanca, Diario de León, Progreso de Lugo y Segre.