El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha procesado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.
En el auto conocido este lunes, el juez Antonio Serrano-Arnal da por concluida la instrucción del caso, que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro, una decisión que podrá ser recurrida por las partes bien ante el mismo juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato al frente de la entidad, y que, según los investigadores, podría constituir un presunto delito de corrupción entre particulares.
El magistrado continúa la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras doce personas, además de contra ambas agencias de publicidad en calidad de personas jurídicas.
En junio de 2011 la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo (considerado uno de los supuestos testaferros de Rato) y Kradonara 2001, epicentro de la actividad empresarial del exministro, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar «unos supuestos servicios de consultoría» por una cantidad mensual mínima de 40.000 euros.
Estos servicios «serían supuestamente prestados» por el también procesado Miguel Ángel Montero, «de forma gratuita y como deuda moral por un negocio hotelero fallido» en el que participó con Rato.
De esta forma y con el asesoramiento del despacho de abogados de Domingo Plazas, se fueron girando diversas cantidades a Albisa.
Sin embargo, prosigue el juez, estas facturas «no se correspondían con una prestación real» de consultoría «sino que eran el conducto (...) para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Portuondo de Zenith y Publicis» a raíz de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia en aquella época.
Y es que «captado por Montero» -que «administraba diversas empresas del exministro"-, Portuondo se habría dirigido al grupo Publicis en calidad de comisionista, ofreciéndose a conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos con la nueva entidad.
Para el magistrado, ha quedado «indiciariamente acreditado» que entre 2011 y 2012 Bankia contrató a Publicis y Zenith «a cambio de una comisión» superior a los dos millones de euros «que ambas mercantiles abonaron a Albisa» para obtener los contratos.
De esta cantidad, Portuondo habría transferido 835.024 euros a Kradonara, controlada por Rato.
Respecto al destino del dinero, el auto se remite a la declaración del abogado Domingo Plazas, que manifestó que unos 700.000 euros que recibieron de Albisa a través de Kradonara fueron a Bagerpleta GMBH, igualmente participada por el exministro y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.
En 2019, el juez ya abrió juicio oral por estos mismos hechos, que además de a Rato, afectan a su exsecretaria personal Teresa Arellano; al exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y a una de sus empleadas, Beatriz Colomer.
Como en aquella ocasión, el auto también se dirige contra Francisco Xabier Olazabal, Miguel Ángel Furones, Sagrario Bua y Fabrizio Bini, directivos de Publicis en aquellas fechas, y Sergio Lorca, Fernando Rodríguez y María Cándida Rodríguez, de Zenith.
No así contra el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella, «amigo» y supuesto colaborador de Rato a ojos de la Fiscalía, cuyo nombre queda fuera de la lista aunque sí se le menciona en el relato.
Blanqueo y delito fiscal
El presunto delito de blanqueo de capitales se remonta a una investigación iniciada en 2006 por la Agencia Tributaria, sobre la repatriación a España de fondos y en la que figuran como imputados, además de Rato, el abogado Domingo Plazas, la firma Plazas Abogados, su presunto testaferro Miguel Ángel Montero y su excuñado, Santiago Alarcó.
A través de una serie de sociedades pantalla Rato, siempre según el juez, habría introducido en España 7,8 millones de euros entre 2006 y 2014.
Por lo que respecta al delito fiscal, de los informes elaborados por la ONIF, la Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, el magistrado deduce que las cuotas defraudadas por Rato ascienden a 3,6 millones de euros, y en la operativa incluye también a Plazas, Plazas Abogados, Montero y al que fuera secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín.
Aunque inicialmente fueron tramitadas como piezas separadas de un mismo caso, en julio de 2019 la Audiencia Provincial de Madrid revocó el procesamiento por la publicidad de Bankia -por los que la Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado cuatro años de cárcel para el exministro-, y ordenó agrupar la investigación.
A comienzos de mes, la Audiencia Nacional daba el visto bueno a la libertad condicional de Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida por las tarjetas «black» de Caja Madrid.
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La deficiencia democrática del país se puede analizar, cuando vemos como algunos añoran ese modelo.