A su juicio, «existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» de los niños en caso de devolución.
«De levantarse dicha medida se estaría permitiendo la repatriación de los mismos; por lo que de dictarse sentencia estimatoria de la pretensión de la parte actora, ésta sería absolutamente ineficaz al haberse ejecutado una decisión administrativa vulneradora de un derecho fundamental, sin lograrse el amparo pretendido al encontrarse el menor en Marruecos», razona en su resolución.
Según el auto el Acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 en el que la Abogacía del Estado basaba la defensa del procedimiento elegido para las expulsiones «no es un tratado internacional», sino «una declaración de intenciones» que «no constituye fuente de obligaciones internacionales, ni se rige por el derecho internacional».
Además, la magistrada recuerda que en su propio articulado se obliga a España a «acatar nuestro ordenamiento jurídico y las normas de derecho internacional, concretamente la Convención sobre los Derechos del Niños para proceder a la repatriación de los menores».
A su juicio, «únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si ésta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico», algo que no se ha hecho ni con la Ley de Extranjería ni con la de Protección Jurídica del Menor.
«No consta --advierte-- que se haya cumplido con ninguno los preceptivos trámites: no se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir ésta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal, sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar; y tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible».
El auto remarca que «uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus propios términos». «Ello implicar que todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de las normas vigentes, sin realizar excepciones no contempladas expresamente en el propio texto normativo», subraya.
Pedro Sánchez cita en Moncloa al presidente de Ceuta
El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha convocado este miércoles en el Palacio de Moncloa al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, para analizar la situación planteada por la decisión judicial de mantener paralizada la devolución de menores marroquíes que entraron en mayo en la ciudad autónoma, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.
Ante la paralización de las devoluciones, desde Moncloa han optado por convocar al presidente de Ceuta para analizar la situación este mismo miércoles.
2 comentarios
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Creo que las familias de estos menores tienen más responsabilidades sobre ellos que nosotros.
Que la jueza se haga cargo de ellos, y si cometen delitos que sea ella la responsable. Y es que tenemos al enemigo en casa.