La Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros. La Fiscalía Anticorrupción ha adoptado esta decisión en un decreto «a la vista de que los hechos denunciados» por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos- «pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia».
En lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, autoridad aforada ante el Tribunal Supremo, «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios», indica el decreto que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. «Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen 'indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada'», precisa.
El pasado viernes, al estallar la crisis entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta regional a cuenta de ese contrato, los tres partidos de la Asamblea citados presentaron sendas denuncias de forma individual en la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue esa adjudicación «a dedo» por 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive, que a su vez habría abonado a Tomás Díaz Ayuso 55.000 euros por conseguir mascarillas en China en la primera ola del coronavirus.
Según el decreto, difundido a través del departamento de prensa de la Fiscalía, las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía la la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, y «si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid».
Pese a esa «falta de concreción», Anticorrupción considera «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados».
Así lo acuerda, prosigue, «por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública» y «por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña».
Para ello, expone la Fiscalía, resulta necesaria «la previa incoación de Diligencias de Investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados».
Las denuncias recibidas en Fiscalía, indica el decreto, se refieren a la contratación de emergencia realizada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado día 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil PRIVIET SPORTIVE, S.L., en la que supuestamente habría intermediado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso.
A las denuncias de los Grupos Socialista y Más Madrid se acompaña copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias de prensa que se hacen eco de la misma y el «Comunicado de la Presidenta de la Comunidad de Madrid tras las noticias sobre presunto intento de espionaje», de 17 de febrero de 2022.
A la denuncia de Más Madrid se incorporan, además, unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esa contratación.
También varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso, del administrador único de PRIVIET SPORTIVE, y del Consejero de Sanidad, presentadas por este Grupo parlamentario en noviembre de 2021 y los correspondientes acuerdos al respecto de la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Junto a esto, y tal y como anunció la presidenta regional, este lunes tuvo entrada igualmente en Anticorrupción «diversa documentación remitida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid».
Se trata de «la oferta con documentación de las características técnicas del producto; albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma y documento contable ADOK aprobado y diligencia de toma de razón de contabilidad del misma».
Además ha sido aportada la «Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud; anexo a la Memoria; hoja de pedido del 1 de abril de 2020; documento contable RC (retención de crédito) y diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC».
A lo que hay que sumar la «resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de febrero de 2022».
21 comentarios
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Los seguidores del PP se empeñan en desviar la atención hacia otros casos, el típico "y tú más" infantil, cuando TODOS deberíamos perseguir la corrupción de todos. El PP ha perdido una oportunidad de oro para perseguir su corrupción y dar otra imagen, tendrían que haber dejado tranquilo a Casado cuando denunció las irregularidades de Ayuso. Hizo lo correcto. Una pena que hayan apoyado al sector más radical, como Ayuso, Aguirre, Cifuentes, Cayetana (la marquesa de Casa Fuerte), etc, etc, que deberían ir a Vox. El PP jamás será una opción de centroderecha con esta tropa.
El hermano del sociolisto valenciano Ximo Puig, tiene un caso judicial abierto por diversas subvenciones ilegales millonarias que recibió desde la Generalidad valenciana, mangoneada por su hermano el peluquines. La ministra Calviño tiene a su esposo investigado por algo parecido. Y lo mismo sucede con el esposo de la directora de la G. Civil. Pero.... como todos estos casos de flagrante corrupción institucional, afectan a miembros del partido más corrupto y criminal de toda la historia de España, que resulta que es quien ahora manda en este país, pues de eso no veréis ninguna noticia, ningún programa especial, ninguna tertulia en la Sexta, en la Cuatro, en TVE, ni en la SER, donde se mencione nada de todo esto. Todo el tiempo y todos los días rajando sobre la Sra. Ayuso y la remuneración de 50.000 euros que recibió su hermano por un trabajo de intermediación entre empresas sanitarias, que es a lo que lícitamente se viene dedicando este señor desde hace 20 años o más.
La Oficina Antifraude de Cataluña investiga el contrato de emergencia que adjudicó la Generalitat a una empresa para el suministro de material sanitario durante el primer estado de alarma, por un importe de más de 60 millones de euros. El ente fiscalizador dependiente del Parlament considera que la empresa Basic Devices, que recibió este encargo de emergencia de material sanitario por parte de la Generalitat en marzo de 2020, cuando ERC dirigía las consejerías de Salud y Economía a través de Alba Vergés y Pere Aragonès, tenía unas referencias "débiles". Además, tilda de "temeridad" que la corporación recibiera un anticipo de 35 millones de euros dada la "falta de cobertura legal" para ejecutar esa operación. Pues nada los catalanes cuando se ponen se ponen.
AngelcaidoEstás tirando balones fuera. Estamos hablando de la corrupción del PP, pero es que, aparte, lo que he escrito al principio lo deja bastante clarito: cuanto más se investigue a todos los políticos, mejor. Eso incluye a todos, todos. Pero ahora el tema es el nepotismo y posibles ilícitos de Ayuso.
Santi TransporterCuanto más se investigue, a todos los políticos, mejor. Ese precio de mascarilla que mencionas NO es el correspondiente al lote que el hermano de Ayuso entregó, que ni siquiera tiene homologación europea y, encima, entregaron algo distinto a lo pactado: "La empresa de la que cobró una comisión Tomás Díaz Ayuso entregó un tipo de mascarilla distinta a la que figuraba en el contrato y que no está homologada de forma directa por Europa: eran KN95, en vez de las "FFP2-FFP3" que ofertó" (info pública, como el contrato). Muchas vidas se hubieran salvado si TODOS los mayores en residencias hubieran sido trasladados a hospitales al enfermar, en lugar de dejarlos en la residencia según el tipo de seguro médico que tenían. Y el Zendal, como los típicos pelotazos del PP, empiezan con un presupuesto y luego lo triplican... a ver de donde van a salir los sobres sino... 170 millones costó, el triple de lo presupuestado, que eran unos 50. Y ya no se usa. Es que ni siquiera tenían personal sanitario... los forzaron al traslado dejando otros hospitales con déficit de personal. Que haya quienes defiendan la ideología de esta persona, aún, pero ¿su gestión? inaudito.
Dudo, luego existo260 millones a una empresa catalana con SÓLO DOS TRABAJADORES ? Gobierno de España Abalos e Illa. Baleares pago de comisiones por compra sanitaria. No sigas dudando
Dudo, luego existoLa fiscalía dirá lo que diga Sánchez que según él es dependiente del estado y ahora más que nunca. Entonces el precio de las mascarillas era de 7€, yo mismo los pagué y gracias al Zendal se salvaron muchas vidas a pesar del sabotaje de algunos miembros de la ultra izquierda. Por cierto no voto al PP pero Isabel cuenta con todo mi respeto y admiración, no como ESTO que tenemos aquí
Cómo se pone la peña por 50.000 euritos de nada la gente.
Vaya, que rápida es la fiscalía a veces. Por qué será?
Y cuando investigarán los contratos millonarios del marido de la directora de la guardia civil