MADRID, 06/04/2022.- Varios policías retiran a los manifestantes del grupo Scientist Rebellion de la Puerta de los Leones tras arrojar pintura contra la fachada del Congreso de los Diputados durante una prostesta en Madrid, este miércoles. EFE/Rodrigo Jiménez | Rodrigo Jiménez

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Activistas del movimiento 'Rebelión Científica' arrojado este miércoles pintura roja a la fachada y la escalinata de la entrada principal de la institución, conocida como Puerta de los Leones para exigir al Gobierno acción urgente contra la emergencia climática. Los miembros de este movimiento se han apostado en la escalinata pero han sido inmediatamente retirados por los agentes de Policía, que les han trasladado a la Plaza de las Cortes. Según han explicado, se trata de pintura biodegradable y han tenido tiempo de recoger los botes de plástico en los que han lanzado el líquido. Los activistas que han vandalizado la fachada del Congreso han explicado a Europa Press que, al menos inicialmente, la Policía no les ha identificado en su acción de «desobediencia civil no violenta» para reclamar acción urgente contra la emergencia y catástrofe climática. De hecho, han optado por seguir unos minutos sentados en grupo frente a la institución mientras el resto de sus compañeros coreaba consignas alertando de la «emergencia climática».

Entre ellos estaban el científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Fernando Valladares y Jorge Reichman, de la Universidad Autónoma de Madrid. La acción forma parte de la 'Semana de la Rebelión Científica' que cerca de mil científicos han organizado en más de 25 países con motivo de la publicación este lunes, 4 de abril, del último informe del Panel de Expertos de Cambio Climático de la ONU que reclama una acción inmediata en todos los sectores para limitar los peores efectos del calentamiento global. La acción comenzó a las 10.00 horas cuando los científicos y académicos arrojaron pintura roja sobre la puerta de los leones, para «visibilizar el crimen de masa que implican décadas de inacción climática». La organización, Scientist Rebellion -Rebelión Científica, pretendía simbolizar el estado de trágica emergencia que establece el sexto informe del IPCC y que el secretario general de la ONU llamó un «código rojo» que, de no actuar, conduce a una «senda suicida para la humanidad».

Protesta del grupo Scientist Rebellion ante el Congreso de los Diputados

Protesta del grupo Scientist Rebellion ante el Congreso de los Diputados

Protesta del grupo Scientist Rebellion ante el Congreso de los Diputados

La Rebelión Científica está formada por miembros de la ciencia y la academia que en 2020 decidió actuar frente a la inacción política a la crisis climática y ecológica con acciones de desobediencia civil no violenta para forzar los cambios necesarios. Hasta el 9 de abril, en 25 países celebrarán huelgas académicas, divulgaciones científicas, ocupaciones de universidades y acciones de desobediencia civil. En España, más de 1.000 personas ya han firmado un manifiesto en el que invitan a la comunidad científica, a todos los colectivos y actores sociales y a toda la ciudadanía, a pasar a la acción. «Llegó la hora de exigir unos cambios que, de no producirse, van a ocasionar una cantidad inimaginable de sufrimiento. Un sufrimiento que puede ser evitado. Sólo si asumimos que nuestro maravilloso planeta tiene límites, y que somos nosotros y nosotras quienes nos tenemos que adaptar a ellos», exponen en el manifiesto. El científico rebelde Fernando Valladares ha defendido que los movimientos sociales se nutren de los datos e informes que hacen los científicos y por ello hay que darles su apoyo y dar la cara por ellos. Por su parte, la astrofísica Elena González Egea, también de Rebelión Científica ha subrayado que los científicos llevan décadas avisando de la magnitud del problema. «Para que se nos escuche y se actúe en consecuencia, nos vemos obligadas a emplear la resistencia civil no violenta», justifica. En concreto, piden al Gobierno que las recomendaciones consensuadas de la comunidad científica se conviertan en objetivos vinculantes, con mecanismos institucionales que garanticen la participación real de la ciudadanía, como prevé el convenio europeo de Aarhus desde 2005.