El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria, impulsado por la ministra Carolina Darias, superó en septiembre el primer escollo en el Congreso al admitirse a trámite a cambio del compromiso del PSOE de que fuera enmendada, aunque las propuestas planteadas por Sanidad y los socialistas no han obtenido por el momento el plácet de Podemos.
Esta semana, según aseguran los morados, ha habido una reunión en la que han estado presentes la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y el director general, además de tres diputados del grupo socialista. En ese encuentro, Unidas Podemos rechazó las dos propuestas que hizo el PSOE. La primera de ellas fue derogar «formalmente» la ley del Gobierno de Aznar de 1997 que abría la puerta a la privatización pero a cambio de dejarla intacta en la realidad porque permite expresamente los mecanismos de privatización que en ella figuran.
Según la versión de Podemos, los socialistas también propusieron eliminar de la ley toda referencia a la desprivatización de la sanidad, algo que Unidas Podemos considera inaceptable porque están ante «la última oportunidad de la legislatura de avanzar» en esta materia. Desde el Ministerio aseguran a EFE que «la ley está en el ámbito parlamentario» aunque los «técnicos» de Sanidad se reúnen «constantemente con distintos ámbitos».
El grupo socialista en el Congreso, por su parte, ha explicado a EFE que siguen trabajando «en el diálogo» para «avanzar con la tramitación parlamentaria y para conseguir las fuerzas necesarias para llevar adelante dicha ley». «Esperaremos a que las negociaciones y la tramitación hayan avanzado más para hacer declaraciones concretas sobre las nuevas medidas que se incorporen», zanjan los socialistas.
Los diputados de Unidas Podemos, según asegura el grupo, trasladaron al ministerio y al PSOE que existe «una vía» para que la ley pueda contar con la aritmética parlamentaria suficiente como para salir adelante: que se lleve a cabo directamente la derogación del artículo único de la ley 15/1997 sin sustituirla por ningún texto alternativo. El texto aprobado en Consejo de Ministros impedía establecer nuevos copagos y consideraba la «gestión directa» como la forma prioritaria para la prestación de servicios, aunque no eliminaba las colaboraciones público-privadas, motivo por el cual no cuenta con el apoyo de los socios.
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