La portavoz del Gobierno, en rueda de prensa. | Europa Press

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La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la socialista Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo respeta todos los informes emitidos por el Congreso sobre la amnistía, pero insiste en que la proposición de ley presentada por el PSOE es constitucional.

«Saben que hay tres informes: Uno en el año 2018, un segundo informe también de noviembre del 2023 y nosotros desde luego respetamos todos los informes. Los vamos a estudiar, los vamos a analizar», ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, donde se ha celebrado el pleno del Congreso por obras en la Cámara Baja.

De este modo, la portavoz gubernamental hacía referencia al informe jurídico del año 2018, que rechazó por inconstitucional la ley de amnistía que propusieron los independentistas y que permitió que PSOE y PP vetaran su tramitación.

Alegría también menciona otro informe de noviembre del año pasado, realizado por el equipo del secretario general del Congreso, Fernando Galindo, en el que admitió que puede haber «posibles motivos de inconstitucionalidad» en la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, pero consideró que no existe una contradicción tan «palmaria» con la Carta Magna como para que la Mesa del Congreso impidiera su tramitación.

Y el último informe, publicado esta misma semana por las letradas de la Comisión de Justicia del Congreso, incide en esas dudas de constitucionalidad de la ley y ve indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa, aunque también concluyen que no hay una inconstitucionalidad palmaria.

Convivencia

Pese a todo, Alegría se ha mostrado convencida de que la norma es «perfecta y absolutamente constitucional» y además ha defendido que tiene el objetivo de trabajar «en pro de la convivencia».

Respecto a la reunión que mantuvieron en la víspera el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull, en el Congreso de los Diputados, considera que está dentro de la «normalidad democrática de hablar y debatir con el resto de parlamentarios».