El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo del Ejecutivo canario sobre la acogida de menores migrantes no acompañados que llegan a las islas, tras obtener el aval del Consejo de Estado, que considera que vulnera sus derechos, además de excederse en sus competencias. El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este martes en la rueda de prensa del dictamen del Consejo, que había solicitado el Gobierno y que concluye que existen fundamentos jurídicos para el recurso.
El protocolo canario, ya suspendido por la Justicia, establece que la tutela de los menores llegados en embarcaciones precarias, conocidas como pateras, compete inicialmente al Estado, por lo que el Gobierno regional no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
El Consejo de Estado, órgano consultivo del Ejecutivo español no vinculante, censura esos aspectos y considera que esas exigencias no se encuentran contempladas en la ley de extranjería, ni en otras normas de menor rango, por lo que «se exceden de la competencia autonómica». La entrega de estos menores a los servicios autonómicos tampoco puede estar condicionada, como pretende el protocolo canario, a una previa decisión del Ministerio Fiscal sobre la minoría de edad del joven.
El informe aclara que la suspensión de la recepción de menores constituye «un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia a los menores extranjeros no acompañados que incumben a comunidad». Y sobre las competencias del Estado y las comunidades autónomas (regiones), el Consejo de Estado asegura que las entidades públicas de protección de menores de la comunidad autónoma están obligadas a atender y a acoger a los menores extranjeros no acompañados «desde el mismo momento de su localización y entrega por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», según reprodujo el ministro.
Desde hace semanas, el gobierno canarario insiste en que el Ejecutivo central debe asumir la protección y el cuidado de los cada vez más menores no acompañados que llegan a las Islas Canarias (Atlántico) en embarcaciones precarias procecentes de la costa africana, lo que Madrid rechaza con el argumento de que eso es una competencia regional.
Hoy mismo, el presidente canario, Fernando Clavijo, en una intervención ante el Parlamento regional, afirmó que se sentían «solos y huérfanos del Gobierno de España» y acusó al Ejecutivo central de pretender que la comunidad autónoma «sea la Lesbos del sur de Europa, despreciando a los menores y a todos los canarios», en referencia a la isla griega que en 2020 vivió una importante crisis con la llegada de miles de refugiados y migrantes. Para ilustrar su argumento, el ejecutivo canario divulgó ayer que solo en lo que va de septiembre han llegado por mar a Canarias 4.075 personas, de las cuales 586 son menores no acompañados.
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Cuando las SOLUCIONES DE UN GOBIERNO SE LIMITAN A FISCALES, ABOGADOS DEL ESTADO, TRIBUNALES Y NADA MÁS. Es un Gobierno que YA NO ES ÚTIL AL CIUDADANO.