«Se produce la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y presunción de no culpabilidad como regla de tratamiento procesal y el derecho a un juicio justo. La prisión acordada produce grave lesión constitucional, vulnera nuclearmente varios derechos fundamentales, además del de la libertad personal, directamente afectado, y señaladamente el derecho de defensa», indica la defensa en su recurso de reforma y subsidiario de apelación al que ha tenido acceso Europa Press.
En el escrito, además, su defensa subraya que la puesta a disposición del juez Santiago Pedraz no tuvo lugar en las 72 horas posteriores a su detención. Recuerda que fue detenido a el 7 de octubre a las 7.40 horas y no pasó ante el magistrado hasta el 10 de octubre pasadas las 11.00 horas. Entiende que no se cumplen los requisitos de excepcionalidad ni de proporcionalidad de la medida y lamenta que la prisión «se ha adoptado con la única finalidad de impulsar o facilitar la investigación patrimonial», algo que «excede los límites constitucionales».
Por otro lado, apunta que si bien al causa sigue secreta, «los razonamientos que se contienen en la resolución recurrida son a menudo arbitrarios, en el sentido de carentes de soporte objetivo, y se alejan de la realidad». Así, considera que el juez ahora debe «comprobar que los argumentos utilizados por el Ministerio Fiscal, en apoyo de su pretensión de privación de libertad, no se encuentran corroborados, ni siquiera a nivel indiciario».
Entre otros argumentos, apunta que el auto del juez, más allá de la petición de principio de que el De Aldama codirigía una organización criminal conformada por varias sociedades vinculadas, «no expresa vinculación alguna de él respecto de las sociedades suministradoras, sus administradores, y mucho menos con relación al cumplimiento de sus obligaciones tributarias».
El magistrado apunta, además, que el objetivo de la prisión «encubre» que la libertad de De Aldama «perjudicaría una investigación meramente prospectiva» dado que «no se han identificado otras sociedades que pudieran ser utilizadas para el blanqueo de capitales», y «no se han identificado qué otras cuentas bancarias en el extranjero pudieran albergar fondos derivados del delito fiscal antecendente».
Por otro lado, añade, «no se aporta indicio objetivo alguno de que ello haya tenido lugar, (...) no se sabe, es lógico, cual será el resultado del material recogido en las entradas y registros». «En todo caso, no podrían ya alterarse las pruebas que resulten del material ya incautado en las diligencias de entrada y registro. Por ello, el resultado de su análisis no depende de la libertad del investigado», subraya.
2 comentarios
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Deberías estar contento, TE HA QUITADO DEL ""PELIGRO"" SEGURO¡¡¡, asi estás guardado de tus enemigos que a partir de ahora no te quieren... Y desproporcionadas?, de que?, se están hablando de cientos de millones, "a primera vista", y opina tu abogado que es deproporcionado?, no nos toméis por tontos...
Si se le CONCEDE LIBERTAD PROVISIONAL...... ADIÓS a las PRUEBAS CASO KOLDO,