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«Es como si estuviesen dentro de casa. Se montan grupos de hasta nueve turistas por vivienda y fuman, toman cubatas y cervezas y montan fiestas». Así se expresa uno de los muchos vecinos de la calle Manacor, número 5, que denuncian la presencia de dos alquileres turísticos ilegales en la segunda planta.

Aunque esta actividad es ilegal en todo el municipio de Palma, todavía los hay que intentan sortear la normativa pese a las cuantiosas multas. Varios residentes de este edificio de la calle Manacor advierten que «pese a que esta actividad no está permitida, se dedican a poner los pisos en Airbnb». Así, el trasiego de turistas es continuo en la escalera. «Ya lo hacían el año pasado en una de las viviendas pero ahora tiene otra en la misma planta y las molestias han crecido de manera exponencial», señalan los vecinos.

Aunque tienen denuncias ante la Conselleria de Turisme, los propietarios de estas viviendas siguen haciendo su agosto. «Los turistas hacen ruido a todas horas con sus maletas y gritan en las escaleras. Hemos tenido que llamar a la policía porque los ocupantes de los pisos montan fiestas hasta la madrugada», denuncian indignados.

Hartos de tener ‘Magaluf metido en casa', explican que «tienen el timbre del portal desconectado, así que llaman al resto de los residentes para que les abramos la puerta a cualquier hora». Un portal que ya ha sido forzado para facilitar la entrada y salida de turistas en este edificio residencial.

Por otro lado, los propietarios de estas viviendas turísticas han colocado cámaras en los pasillos del edificio para grabar a todo el que pase por delante sus puertas, que cuentan con cerraduras con código para apartamentos turísticos. Con un edificio residencial convertido en un improvisado hotel, las consecuencias no han tardado en llegar a las instalaciones vecinales.

«En los dos últimos meses hemos tenido que llamar cuatro veces al técnico porque los turistas entran todos juntos en el ascensor, excediendo su capacidad de carga y bloqueándolo. Esto supone que personas mayores y con movilidad reducida que viven en los pisos más altos quedan recluidos porque no pueden salir de sus casas durante varios días hasta que se soluciona el problema», advirtieron. Indefensos, agotados y sintiéndose desprotegidos por las instituciones, afirman que «no sabemos si las multas surten efecto, ya sea porque las ignoran o porque son tan bajas que les salen a cuenta pagarlas y seguir con esta actividad ilegal».