Tardanza en la concesión de vados

Tardanza en la concesión de vados | ARCHIVO UH

Gemma Marchena21/03/24 17:23
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La Oficina de la Defensora de la Ciudadanía ha denunciado la falta funcionarios en todo el Ajuntament de Palma, lo que supone que «está afectando a la calidad de la atención a la ciudadanía. Hay una demora en la respuesta de la institución a la ciudadanía y las actuaciones o respuestas son muy limitadas». una situación que, según reveló en la Comissió de Serveis a la Ciutadania de este jueves, supone que haya retrasos de hasta dos años en la concesión de un vado, el incremento de expedientes por reclamaciones de multas por la vía ejecutiva o una reclamación de cobro indebido de una plusvalía que data de 2018.

Anna Moilanen, defensora de la Ciudadanía, advirtió que se palpa la falta de recursos humanos «en las áreas de cita previa, en la digitalización y organización de la administración». En el caso de las peticiones de vados, el departamento de Moilanen señaló que «hasta 190 peticiones se remontan a 2021 y han pasado dos años desde su petición, sin que haya una solución a esta situación por falta de personal».

Por otro lado, también se ha denunciado el incremento de expedientes por multas que son cobradas a través de la vía ejecutiva, «mientras que los afectados alegan que no recibieron una notificación que advertía de la llegada de la sanción y solo se podía pagar con recargo». De esta manera, «en el Ajuntament nos señalaron los funcionarios que se están atendiendo estos expedientes de febrero de 2023, es decir, con un año de demora».

En 2022 se contabilizaron 3.528 expedientes, mientras que en 2017 solo había 1.266. «El número de recursos tramitados por la Sección de Tesorería-Multas en ejecutiva ha aumentado exponencialmente en los últimos años, como consecuencia del aumento de multas por la instalación de nuevos radares y foto-rojo», señalan desde la Oficina de la Defensora, que advirtió que «la realidad nos presenta una situación que no permite a la ciudadanía contestar en tiempo y forma».

Otro caso mencionado durante la comisión fue el de un ciudadano de Palma que reclamó al Ajuntament un exceso de cobro en la plusvalía. «Se le cobraron 1.299 euros de plusvalía más 276 euros de recargo. Cuando el Ajuntament le respondió, le devolvió el dinero de la plusvalía y los intereses de demora (154 euros), en los que no estaban incluidos esos 276 euros de demora». a día de hoy, el ciudadano sigue reclamando la devolución de esa cantidad aunque ya ha pasado el plazo de cuatro años para que pueda hacer una reclamación vía judicial, por lo que solo puede hacerlo a través de la Oficina de la Ciudadanía.

La Oficina de la Defensora advierte que «son necesarias soluciones para evitar la pérdida de derechos de la ciudadanía que se producen por deficiencias en los servicios públicos».