El grupo municipal de Vox, en el pleno del Ajuntament de Palma | Jaume Morey

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El grupo municipal Vox ha lanzado una ofensiva contra la okupación y para el próximo pleno reclama que se ponga en marcha la Oficina de Antiokupación, acompañadas de un buen número de medidas. Entre ellas, que el Ajuntament de Palma debería responsabilizarse «del pago de los costes de desalojo y rentas que el propietario pudiera dejar de percibir» en el caso de los inquiokupas, es decir, inquilinos que han dejado de pagar el alquiler.

Desde Vox también plantearon «incluir en los informes de vulnerabilidad el riesgo de exclusión por antecedentes penales o denuncias tramitadas». La ultraderecha exige que la vulnerabilidad familiar «no debe extenderse sine die. Se solicita revisar al menos cada seis meses». Por otro lado, reclaman un protocolo especial de atención a «narcopisos o narcoburdeles».

Vox prosigue con su afrenta y propone realizar un registro de okupas y antiokupas, crear «un servicio de apoyo a víctimas de la okupación y la inquiokupación con acceso a servicios sociales y abogados del Ajuntament», así como «presionar al Gobierno central para evitar la aprobación de la Ley de Vivienda». Otra medida que proponen es la suspensión «de la vulnerabilidad y comenzar trámites de fraude de subvenciones para aquellas familias vulnerables que no deriven las ayudas del alquiler a los propietarios».

Para el próximo pleno, que tendrá lugar el 25 de abril, Vox reclama que «se defina antes del 2 de mayo los cometidos y organización de la Oficina de Vivienda/Antiokupación Ilegal de la Vivienda», que esté en marcha antes del 1 de julio.