Pleno del Ajuntament de Palma del pasado 25 de abril | Pere Bota

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Vivienda, caravanas, empadronamiento y el Plan General han copado la primera parte del pleno del Ajuntament de Palma. La emergencia habitacional del municipio se cuela en el debate municipal, que ha contado con asociaciones de vecinos que narraban los problemas de acceso a una vivienda asequible, personas que tienen que vivir en una caravana y, el caso más dramático, si cabe, la irrupción a mediodía de los desahuciados de las infraviviendas de Gomila, sótanos alquilados por un policía local de Palma que ya ha sido suspendido de empleo y sueldo y ha sido sancionado con una multa millonaria de la Conselleria d'Habitatge.

«La vivienda ha desaparecido del debate desde que ustedes gobiernan. ¿Qué soluciones plantean? Los inquilinos son conscientes de este problema. La ciudad se ha convertido en un escaparate que se ha vendido al mejor postor», señaló Francisco Ducrós, que se estrenaba como portavoz socialista en este pleno. «Le recomendaría que se tomara unos días de descanso como ha hecho Pedro Sánchez», contestó el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, que denunció que el anterior equipo de gobierno «contrató a una empresa de Jerez [Territorio y Ciudad] para redactar un Plan General que podían hacer hecho los propios funcionarios de Urbanisme».

En el pleno también se aprobó la modificación puntual del Plan General de 2023, donde se da marcha atrás a algunas de las derogaciones urbanísticas tras la caída del Plan de Ordenación Detallada (POD). «En el área de Urbanisme saltaron las luces rojas después de la derogación del POD y por eso vamos a legalizar y poner certidumbre en determinadas desregulaciones», señaló el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo.

La concejala de Més, Neus Truyol, advirtió que de esta manera, «ponen la alfombra roja a todos los inversores inmobiliarios y urbanísticos. Ni el regidor sabe lo que aprueba pero con esta operación, el PP consigue que las reglas sean las mínimas para un negocio de máximos. Están haciendo un urbanismo a la carta. Están jugando al Monopoly». Truyol criticó que no se aprobara el POD y el PP «lo deje caer».

Por su parte, Fulgencio Coll, líder de Vox Palma, denunció que la izquierda «es responsable del fracaso de la vivienda y el problema de los trabajadores que tienen que irse fuera de la Isla. Han promovido la inseguridad jurídica». Coll volvió a poner de ejemplo de víctima de las políticas urbanísticas de la izquierda una promoción de viviendas paralizadas en la calle Fray Antonio Ordinas, muy cerca de Cotlliure. «Se construyeron seis plantas con autorización y luego se paralizaron, lo que les ha costado más de 250.000 euros. Y nos enfrentamos a la posibilidad de que gane un pleito al Ajuntament por más de 2,5 millones. Se podría hacer una modificación puntual del Plan General y llegar a un acuerdo con este promotor», insistió Coll.

Caravanas

En el pleno aparecieron un grupo de personas que viven caravanas, «somos las consecuencias de muchas políticas porque no podemos pagar un alquiler. Si siguen así, muchos seguirán nuestros pasos. Y este sector crece cada vez más». Los caravanistas mostraron su temor ante la llegada de la nueva ordenanza cívica, que plantea multar a aquellas personas que vivan en autocaravanas y reclamaron su derecho a empadronarse en estas viviendas precarias.

De hecho Podemos presentó una moción en la que reclamaba «luchar contra la criminalización de la pobreza y la defensa de políticas municipales de vivienda reales y efectivas», mientras que el PSOE propuso mejoras en el empadronamiento, ante las quejas por la obligación de tener que presentar el último recibo del alquiler para poder acceder a este trámite municipal.