Un momento del pleno de este jueves | Pere Bota

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La Oficina Antidesahucios «no cierra, será multidisciplinar. Reitero que el equipo de gobierno no tiene intención de desmantelar la Oficina Antidesahucios, pero no puedo determinar que ningún caso que esas personas se muevan de allí, pueden hacer su trabajo en otras dependencias municipales». así de contundente se mostró el regidor de Urbanisme, Óscar Fidalgo, durante el pleno celebrado este jueves. Sin embargo, estas rotundas afirmaciones no convencieron ni a la oposición ni a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que había pedido intervenir en la sesión plenaria pero no fue posible.

Paco e Isabel, portavoces de la PAH, acudieron al pleno y en los pasillos quisieron mostrar su «disconformidad por el desmantelamiento de la Oficina Antidesahucios que hace tan buen servicio a los ciudadanos de Palma. El día 8 tendremos reunión con el alcalde de Palma para que nos explique cómo va a quedar». Los portavoces de la entidad ciudadana aseguraron que «la Oficina vela por los intereses de las personas pero la Oficina Antiokupación vela por los intereses del capital, protegiendo a grandes tenedores y bancos que son propietarios de pisos. Esto no es un cierre, es un desmantelamiento».

Afirmaron que «se está desprotegiendo a mileuristas y jubilados que no pueden pagar alquileres abusivos. El 1 de julio, de los cinco trabajadores sociales que hay en la Oficina Antidesahucios solo quedará una, que dará información sobre alquiler vacacional, ocupación y desalojos pero esta persona no podrá asumir todo este trabajo».

Fidalgo aclaró que «tenemos un compromiso electoral y lo que pretende Urbanisme es dotar esta oficina de nuevos contenidos que no tienen que ver solo con los lanzamientos, sino a facilitar el acceso a la vivienda, la fiscalidad, el régimen público de vivienda y ver cómo se puede incentivar el alquiler de larga duración, así como luchar contra el alquiler turístico ilegal en coordinación con el Govern. Tenemos ver de qué forma podemos implementar estos servicios».

El concejal advirtió que «la semana que viene seguirán los mismos trabajadores, en ningún caso van a dejar de cumplir con sus competencias. El equipo de gobierno quiere mejorar el servicio en el menor tiempo posible es muy probable que no entre en funcionamiento el próximo día 1». Precisamente uno de los puntos del acuerdo programático entre PP y Vox era la puesta en marcha de la Oficina Antiokupación antes del 1 de julio, mientras que en los últimos días, funcionarios municipales denunciaron el traslado de cuatro de las cinco trabajadoras sociales de la Oficina Antidesahucios de la calle Ferreria.

«Estamos en conversaciones con colectivos profesionales y estamos a punto de cerrar un acuerdo para el refuerzo de personal multidisciplinar con diferentes administraciones, también con las fuerzas de seguridad del Estado para que sea integral», advirtió el regidor, que habló de un traslado de la oficina «por su limitación espacial en una o dos semanas».

Por su parte, Neus Truyol, regidora de Més, advirtió que «se está dando una paradoja. El PP quiere desahuciar la Oficina Antidesahucios para que la ocupe una Oficina Antiokupa y ahora lo quieren ocultar. Esta oficina ha acompañado a más de 6.000 familias en estos años». La concejala ecosoberanista advirtió que «llevamos ocho años escuchando la necesidad de eliminar esta oficina. Desde que Vox entró quiso desmontar esta oficina».

El regidor de Vox, Ignacio Esteban, aseguró por su parte que «estamos en un país capitalista y las cosas funcionan casi automáticamente. Para que haya alquiler tiene que haber cierta rentabilidad, sino, se retiran del mercado. si además hay riesgos como la ocupación, se dispara el precio».

A su vez, la socialista Angélica Pastor reclamó la puesta en marcha de la limitación de los precios del alquiler en Balears (medida que se aprobó con los votos en contra de PP y Vox) y advirtió de la necesidad de llegar a un acuerdo entre todos los partidos para poner solución al problema de la vivienda. Se acercaba el final del pleno, que en esta ocasión solo ha durado ocho horas ininterrumpidas, y entre carcajadas, Fidalgo aseguró que «quiero expresar el acuerdo de las palabras de la señora Pastor, que posiblemente serán producto del agotamiento: estoy de acuerdo con ella. Pero dada la dificultad de interlocución que tenemos con el ministro de Transportes, Óscar Puente, pues con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió a todos los ayuntamientos políticas similares a las de Palma».

Entre esas medidas en las que dice que coincidían el Gobierno central y Palma está la de colaborar con entidades privadas para impulsar vivienda pública. «Soy consciente de que en urbanismo hay que hacer las cosas bien pero los resultados no son iguales que en otras áreas municipales, tardan más por cuestión de plazos y proyectos», aclaró Fidalgo.