Aprobada la Zona de Bajas Emisiones en Palma con la abstención del PSOE y la oposición de Vox

Antes de la votación, el regidor de Mobilitat, Antonio Deudero, hacía un llamamiento a los partidos políticos para conseguir su apoyo y sacar adelante la normativa: «Presentamos esta propuesta con los trabajos realizados durante la legislatura anterior, es un hito importante y que va aparejada a una inversión del Ministerio de Transportes de 20 millones de euros en diferentes regidurías». Si no se aplica la ZBE el 1 de enero de 2025, Palma perdería todas estas inversiones.

Deudero apeló a que la aplicación de la ZBE supone una herramienta «de lucha contra el cambio climático que mejora la calidad del aire. No aprobarla complica no solo al Consistorio», ya que supondría la pérdida de fondos europeos, sino también a la ciudadanía, para la mejora del medioambiente en la ciudad.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos, denunció que «no es una propuesta de ZBE sino de iguales emisiones. La restricción que se aplica es la misma que en la zona de ACIRE. No es nuestra propuesta, sino la del PSOE». Muñoz lamentó que «el equipo de gobierno es incapaz de negociar y dialogar con los partidos políticos. La aprueban por la posible pérdida de fondos europeos, pero sigue adelante con la privatización de aparcamientos municipales y ahora llegan al pleno sin el apoyo de sus socios», dijo al PP en referencia a Vox. Muñoz se mostró especialmente dura con Deudero: «Nos está pidiendo su apoyo a cambio de nada, porque para ustedes, rechazar esta propuesta supone la pérdida de fondos europeos».

El descontento también cundía entre Més. Miquel Àngel Contreras señaló que «no han hecho nada este año y al final, han presentado el mismo documento que había en la legislatura pasada. No supone ningún cambio». Contreras advirtió que «la ZBE no se puede limitar solo al centro de la ciudad, es un proyecto insuficiente. Un puro trámite para no perder fondos europeos. El PP no cree en la ZBE porque no lo ha explicado».

Tampoco estaban contentos en Vox, que votó en contra de la aprobación inicial. Tal y como señaló Gari Durán, «el informe medioambiental lo hizo una empresa ajena en la materia y solo se presentó ella al concurso, por lo que debería declararse desierto». Durán criticó que las mediciones medioambientales de la ZBE «solo se hicieron en el centro pero no se ha tenido en cuenta el crecimiento poblacional ni el tráfico que sufrirá la zona periférica por las restricciones, donde habrá problemas de aparcamiento». La portavoz de Vox denunció que «los costes de esta aprobación supondrán 150 millones de euros solo en el primer año de aplicación, incluyendo las pérdidas que supondrán para el sector terciario».

El regidor socialista Francesc Dalmau, que fue concejal de Mobilitat durante la legislatura pasada y por tanto se encargó de la redacción de la ordenanza de ZBE, puso de relieve que «el equipo de gobierno no lleva la normativa al pleno con mucho entusiasmo. Es una muestra de lo que ha sido este año de gobierno de PP y Vox, dando muestras de una incapacidad supina y notable, incapaces de presentar la ZBE a la ciudadanía».

Dalmau acusó al equipo de gobierno de enfrentar «el clientelismo de manual contra la evidencia científica». Y esgrimió el Informe de Idoneidad que acompaña a la ordenanza de ZBE, en el que se advierte que «usted tenía la documentación de la ordenanza cuando llegó al gobierno. Lo tenía y lo sabía. Pero usted [a Deudero] dijo en un pleno del año pasado que no había nada hecho. Y el Informe de Idoneidad señala que ya en julio de 2023 tenía el documento y que hubo un intento de hacer una nueva ordenanza de manera incoherente, lo que provocó la dimisión de dos técnicos por malestar».

Ya en los pasillos, una vez lograda la aprobación inicial, Deudero advertía que «el PP aporta seny, sentido común a las ordenanzas. Hay un calendario obligatorio de cumplimiento y se pidió una prórroga express en diciembre de 2024». Un dardo lanzado al equipo de gobierno anterior, hacia el que se dirigía cuando señaló que «el espíritu está reflejado en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), votado por el Pacte de Progrés». De ahí que achacara la abstención del PSOE y el voto en contra de Més y Podemos.

La ZBE «es una ordenanza que se ha trabajo en los últimos dos o tres años. Nosotros no hemos parado de tramitarla. Pero en diciembre de 2022 [cuando faltaban unos meses para las elecciones], el equipo de gobierno anterior ya dijo que no seguiría con la tramitación de esta ordenanza y no pidieron una prórroga. Nosotros llegamos en julio y lo primero que hicimos fue tramitarla».