«No sé si será la última vez que voy a participar en el pleno». Con mucha retranca, la presidenta de la asociación SOS Voluntarios de Son Reus, Nieves Martín, dejaba caer que la preocupación de las entidades ciudadanas que no podrán hacer oír su voz en el pleno a partir de enero de 2025. Aquellas que no estén registradas en el RMEC y no tengan el calificativo de interés municipal no podrán participar en el pleno. «Restringir nuestras intervenciones es poco democrático», insistió Martín.
En este pleno que se celebró este miércoles, que se había aplazado tras el desastre de la DANA de Valencia, las entidades salieron en tromba para protestar por el próximo tijeretazo en sus intervenciones. Més, además, aprovechó para lanzar una moción en la que pedía que pudieran participar todas las entidades. PP y Vox votaron en contra. Al final, de las 288 entidades inscritas, a partir del año que viene podrán hacerlo apenas 50. Los sindicatos, por otro lado, no podrán participar.
«¿Tanto dolor de cabeza les queda cuando nos escuchan una vez al mes? ¿Ustedes quieren un pueblo mudo? Nosotros no queremos representantes sordos. Nos empujan a la calle y cierran las puertas en nuestras narices», señaló Mabel Chavarino, de la Asociación de Músicos de las Calles de Mallorca (AMCM).
El regidor de Més, Miquel Àngel Contreras, recriminó al PP que con esta medida «tienen miedo de las voces críticas, pero encontraremos fórmulas creativas para que su voz se escuche». Así fue en el caso de José Villanueva y Francisco Sánchez Reolid, que aprovecharon el turno que les cedió la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma para reclamar su readmisión en Emaya tras su despido por acoso laboral. Como afiliados de Vox, su partido volvió este miércoles a lanzar una moción (la tercera) reclamando al concejal de Medi Ambient, Llorenç Bauzá, el reingreso de estos trabajadores si no quería ser reprobado.
El PP siguió enrocado en su negativa, todavía les queda recorrido judicial por delante a Villanueva y Reolid, que en su intervención desgranaron todo tipo de improperios contra antiguos regidores de Medi Ambient y sindicatos, además de prometer «futuras demandas en lo civil y en lo penal». Un punto que provocó el enfado de todas las fuerzas políticas contra Vox: «Han venido aquí amenazando con querellas a Bauzà. Hay dos despidos, vamos a esperar a que las cosas se desenvuelvan como se tengan que desenvolver en los juzgados». El socialista Óscar Cereijo advirtió que «si esto lo hacen en público y siendo grabado, todos sabemos lo que puede pasar sin cámaras». Y protestó ante Vox por «el uso individual y patrimonial del pleno. Es inaudito señalar con el dedo a dos trabajadores públicos y que un partido [Vox] exija su expulsión».
Por su parte, Bauzá, advirtió que Més que «no podrán continuar con el espectáculo y no podrán manipular a las entidades sociales ni sacar rédito político de ellas». Jero Mayans, de Vox, también habló del «show de entidades manipuladas. A mí me han llamado facha asociaciones de perros y gatos». Por su parte, la socialista Angélica Pastor protestó enérgicamente: «Quiere acortar los plenos quitando la voz a las entidades. Eso es autoritarismo, una vergüenza».
Los problemas para participar en el pleno, que puede alargarse más de diez horas en una jornada normal, motivó las protestas de la Plataforma Balear per a la Defensa dels Animals (Baldea), la Assamblea de Cooperació per la Pau o la Federació d’Associacions de Veïns de Palma. Maribel Alcázar, presidenta de esta última entidad, advirtió que «aunque nuestras asociaciones podrán participar, defendemos el derecho del tejido asociativo en general. Que nuevas entidades no tengan que esperar tres años para poder intervenir en un pleno. Entiendo que estén hartos de escucharnos cada mes, así que dejen de tirarse los trastos con el ‘y tú más’ y centren los debates», dijo arremetiendo contra los concejales de todos los partidos.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Mallorca (PAH), que tampoco podrá participar en el pleno a partir de enero, aprovechó sus minutos como si fuesen oro. La portavoz, Ángela Pons, aprovechó para arremeter contra el equipo de gobierno municipal, el Govern y Vox a raíz de la Oficina Integral de la Vivienda y la Antiokupación, más conocida como la Oficina de Antiokupación, que entrará en funcionamiento antes de acabar el año. «Aquí están las familias para las que habéis creado una Oficina de Antiokupación. ¿Cuándo harán una oficina que regule a los propietarios? ¿Que les fiscalicen? ¿Con qué derecho despilfarráis el dinero público en una oficina ridícula? ¿Por qué no se meten con los propietarios que cobran el alquiler en negro?». Pons arremetió también contra el programa Alquiler Seguro del Govern: «Las familias que reciban la ayuda tendrán que pagar a Hacienda y lo dejan todo en manos de las agencias inmobiliarias, que se llevarán el 30 por ciento de la partida presupuestaria. Estamos en manos de los APIs».
No fue un día apacible en el pleno de octubre celebrado a mediados de noviembre. CC OO fue a protestar porque medio centenar de policías locales siguen de prácticas desde hace 18 meses y sin fecha de jurar el cargo, que debía hacerse en seis meses. «No pueden ir solos, no se les concede ninguna hipoteca ni ayuda y si tienen un accidente, no podría asumir la plaza y perderían su puesto en la oposición», dicen desde le sindicato, que reclaman salir del limbo legal y puedan jurar su cargo. Su participación en el pleno, por cierto, será imposible a partir del 1 de enero.
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