El alcalde de Campos, Andreu Prohens (segundo por la derecha), junto a los promotores del campo de polo.

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El equipo de gobierno del Ajuntament de Campos ha decidido poner a trabajar a sus servicios jurídicos para llevar al Govern de les Illes Balears ante los tribunales de Justicia por paralizar la construcción del campo de polo que está proyectado en el municipio. Esta decisión fue tomada ayer en una reunión del equipo de gobierno convocada por el alcalde, Andreu Prohens (PP), por la vía de urgencia y después de conocer la decisión del Ejecutivo de eliminar la excepción del campo de polo de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).

El batle se mostró ayer indignado: «Esto ha sido un robo a mano armada al municipio de Campos. Resulta que no podemos hacer ni una pequeña urbanización y en cambio no se han atrevido a proteger es Canons ni aumentar la parcela mínima. Llegaremos hasta el Tribunal Supremo y a Bruselas si hace falta».

Prohens también acusó al president del Govern, Francesc Antich, de no «tener palabra». «Me prometió que antes de tomar cualquier decisión nos consultaría y no lo ha hecho».

El equipo de gobierno de Campos ha encargado a los servicios jurídicos del Ajuntament que se pongan a trabajar y diseñen la estrategia jurídica a seguir. Lo más probable es que se acuda a la vía contencioso administrativa.

El alcalde explicó también que ha sido encargado un estudio económico de la pérdida que supondrá para el municipio esta decisión: «Estamos seguros que las pérdidas serán cuantiosas y queremos que todos los ciudadanos las conozcan. Aquí añadiremos la paralización de unos 15 planes parciales por parte de la moratoria Consell. No podemos consentir que nosotros no podamos construir nada y tener que preservarlo todo y otros municipios no. Es un agravio comparativo».

La promotora del polo, DWI, que pensaba invertir en el proyecto 25.000 millones de pesetas y crear unos 500 puestos de trabajo, estudia qué camino tomar tras la decisión del Govern.