MIQUEL BAUÇÀ23/04/00 0:00
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El portavoz municipal de UM, Josep Bestard, en la oposición, calcula que desde que entró en vigor la ordenanza, en 1998, el Ajuntament d'Andratx ha ingresado unos 70 millones de pesetas. Para este año, se prevén unas entradas de 65 millones en concepto de recargo por la tasa de incineración. UM entiende que el Consistorio andritxol jamás puede cobrar este recargo porque las basuras generadas en los diferentes núcleos urbanos (Andratx, Port d'Andratx, s'Arracó, Sant Elm, sa Coma y Camp de Mar) y urbanizaciones del municipio no son transportadas hasta Son Reus, sino hasta el vertedero de Calvià, donde teóricamente debía habilitarse una planta de transferencia.

Al no haber ese desplazamiento ni incineración, UM considera que la tasa es cobrada de forma ilegal. Josep Bestard anunció ayer a este periódico que después de las fiestas de Pascua solicitará por escrito la convocatoria de un pleno extraordinario para que el equipo de gobierno integrado por el PP y el partido independiente ALA den las explicaciones que consideren oportunas. Antes de denunciar esta anomalía, Bestard y los concejales de su grupo han consultado con expertos, quienes les han asegurado que el cobro del recargo es irregular.

En Calvià se dan las mismas circunstancias que en Andratx, pues las basuras son transportadas y depositadas en el vertedero local, pero no se cobra el recargo de incineración. De hecho, el Ajuntament calvianer aprobó la ordenanza en verano de 1998 pero aún no ha entrado en vigor porque todavía no se llevan los residuos urbanos a Son Reus. La aplicación del recargo de incineración implica un fuerte gasto para las economías domésticas.