En la mañana de ayer, después de una reunión del patronato de la
fundación con los jefes de servicio y sección, en la que se tenía
que estudiar la propuesta de los facultativos de dejar en suspenso
la sanción a los tres médicos expedientados, el órgano gestor del
centro finalmente aprobó que «la sanción quede en suspenso cautelar
hasta que en el acto de conciliación se pueda conseguir un acuerdo
entre las partes», argumentó Pablo Rivero, presidente del patronato
de la fundación, que ayer compareció en rueda de prensa acompañado
de Juli Fuster, gerente del Ib-Salut; Gabriel Payeras, secretario
general técnico de la Conselleria de Salut; Caterina Ramon,
directora gerente de la fundación, y Werner Brill, jefe de la
sección de Traumatología.
El acuerdo de levantar cautelarmente la sanción de suspensión de
sueldo y empleo a los especialistas Isidre Marimón, Miquel Rius y
Guillermo Mateos, responde «a la petición de los facultativos de
reincorporar los médicos al servicio de traumatología y, de esta
manera, conseguir un servicio óptimo», explicó Juli Fuster. De
todos modos, Fuster hizo hincapié en que «pese a todo, la atención
urgente y preferente está del todo asegurada. En Manacor, siempre
se ha atendido y siempre se seguirá atendiendo a todos los
pacientes». El jefe de sección de Traumatología, Brill también
aplaudíó la resolución porque «el objetivo último es ofrecer la
máxima calidad del servicio a los pacientes».
La suspensión de la sanción supone un primer paso en la
reconciliación entre las partes enfrentadas -fundación y
facultativos- y lograr así la disminución de la tensión social que
en los últimos meses ha ido 'in crescendo'. Además, según Fuster,
los tres médicos podrán incorporarse a sus puestos de trabajo «en
la mayor brevedad posible e inmediatamente después de que se les
haya comunicado por escrito la suspensión de la sanción». No
obstante, el patronato no tiene la facultad de quitar la sanción,
«pero sí de suspenderla hasta alcanzar el posible acuerdo durante
el acto de reconciliación, paso previo a llevar el tema ante los
tribunales», argumentó Fuster.
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