Los cincuenta y cinco usuarios del Mollet de s'Oberta tienen
previsto presentar la próxima semana un recurso en el Ajuntament de
Muro para no pagar los recibos de 420 euros por amarre que acaba de
emitir esta institución en concepto de la utilización de las
instalaciones durante la temporada 2002.
Y es que aunque el Ajuntament de Muro peleó duro para conseguir la
gestión de los citados amarres en 2001, al concluir la temporada
2002 notificó a Costas su renuncia a esta concesión. «Solo nos da
problemas y nos cuesta dinero», dijo Onofre Plomer.
Mientras que el teniente de alcalde, Onofre Plomer (PP),
mantiene que los usuarios conocen desde septiembre de 2002 el
importe de la cuota, estos aseguran que nunca se les mencionó el
precio y entienden que el Ajuntament, que no da ningún servicio en
s'Oberta, no puede cobrar por una concesión que ya no es suya.
El teniente de alcalde de Muro explica que «Costas ha cobrado al
Ajuntament un canon de 42.000 euros (7 millones de pesetas) por la
explotación de los amarres y nosotros hemos repercutido ese dinero
sobre los usuarios, aunque dividimos la cifra entre los 65 amarres
existentes, habiéndose concedido solo 55 por lo que el Ajuntament
ha pagado además el coste íntegro de otros 10 amarres».
El Mollet de s'Oberta es un lugar tradicional de amarre de
pequeñas embarcaciones. Quedó destruido durante el fuerte temporal
de noviembre de 2001 y su reconstrucción generó un importante
enfrentamiento entre la entonces consellera de Medi Ambient del
Govern balear, Margalida Rosselló, y el entonces ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas.
Después de que el Ministerio asumiera la reconstrucción del
Mollet, modificando sustancialmente su aspecto tradicional, la
disputa por la gestión de los amarres llegó a los tribunales y a
día de hoy todavía no está resuelta. No obstante, fuentes de la
Conselleria confirmaron ayer que ambas instituciones negocian ahora
una salida para retirar el contencioso que puso el anterior
Govern.
Mientras tanto, los usuarios del muelle desconocen si Costas,
que recuperó en 2003 la gestión de las instalaciones, les cobrará
como el Ajuntament por su utilización.
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