MARTA MEDRANO23/05/05 0:00
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Ya hace dos años que a Jacint Soberats Payeras le expropiaron 1.000 metros de una finca de sa Pobla para habilitar un camino rural que había quedado cortado por el paso de las vías de tren de Inca. Desde entonces, este vecino no ha dejado de defender que fue una expropiación injustificada, pues muy pocos agricultores utilizan ahora este camino, conocido como el camí d'es Carnatge.

Hace unas semanas Jacint recibió una notificación del Defensor del Pueblo en la que se denuncia la falta de colaboración por parte de la Conselleria d'Obres Públiques. «Desafortunadamente, el órgano administrativo competente en relación con su queja planteada persiste en su actitud de no enviar la información pedida», le notifican. En su día, el Ajuntament de sa Pobla solicitó a Serveis Ferroviaris (SFM) que expropiara esta finca para atender la demanda de algunos agricultores, que decían que era inseguro tener que acceder a sus fincas desde la carretera de Muro, en un punto con poca visiblidad.

Dos años después Jacint Soberats se queja de una expropiación, que cree, se realizó por «amiguismo» de algunos propietarios con el anterior alcalde Jaume Font. «Desde 1996 no se ha producido ningún accidente mortal en el punto de la carretera de Muro que algunos payeses decían poder evitar pasando por el Camí d'es Carnatge, y apenas uno o dos accidentes graves al año. Se expropió mi finca para evitar así tener que ampliar la carretera de Muro y expropiar a otros propietarios más afines al Ajuntament», explica.