Al ser preguntado ayer, Socías eludió hacer declaraciones «para
no entorpecer la labor de la Justicia ni de la Administración».
Joan Puig, que a su vez se ha querellado contra Ramírez, se mostró
«muy tranquilo» porque «nosotros fuimos los agredidos por parte de
los escoltas. Lo que hicimos fue pasar por un sitio público, no
privado».
Según un despacho de la agencia Europa Press, Ramírez afirma en
la querella que desde el verano de 2004 sufre «una campaña coactiva
liderada por el independentista Jaume Sastre (...) con el objeto de
torcer la línea editorial del diario El Mundo, caracterizada por
una oposición frontal a la independencia de los territorios
nacionales favorecida por grupos independentistas», y añade que
Sastre y Puig, «con su carnet de diputado entre los dientes
llegaron a bañarse en la piscina, sin que la Guardia Civil hiciera
nada por impedirlo».
Ramírez, que ayer fue imputado por un delito de desobediencia
por negarse a entregar al juez Del Olmo documentos sobre el sumario
del 11-M, señaló que se considera «víctima de una persecución
política orquestada por el fiscal general del Estado», y vincula
esta «persecución» al «asalto» en la piscina. «Sólo así se
comprende que sea el Ministerio Público el que haya instado al juez
Del Olmo a actuar enviándome un 'ultimátum' y amenazándome».
Ramírez asegura que «el asalto» fue protagonizado «por un socio
parlamentario del Gobierno, ante la pasividad de Socías y de las
Fuerzas de Orden Público y ningún dirigente del PSOE lo ha
condenado e incluso algunos lo han justificado». Así, «es evidente
que hay elementos objetivos para que en El Mundo nos sintamos
víctimas de una persecución política. Pero quiero pensar que el
presidente del Gobierno no está detrás de la persecución y tampoco
está de acuerdo con lo que sucede».
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