Ultima Hora ha informado al delegado del Gobierno en Baleares,
Ramon Socías, de que ejercerá en los próximos días el derecho de
paso por el litoral de la Costa dels Pins, en el municipio de Son
Servera. El objetivo de dicha visita es conocer si se respeta la
suspensión del uso de la piscina y el solárium situados delante de
la casa de la familia Ramírez-Ruiz de la Prada. A principios del
mes de julio, reporteros de este diario penetraron en el recinto,
previa comunicación a la Delegación, y pudieron comprobar cómo la
piscina estaba vacía y las terrazas despejadas. Sin embargo, y a
raíz de los incidentes del pasado día 13, cuando guardas jurados
impidieron con violencia el paso a representantes políticos y
sociales, pareció constatarse que la piscina había sido llenada de
agua y aparecían tumbonas en el solárium.
El Ministerio de Medio Ambiente suspendió el uso público y no ha
autorizado el privado, como recordó el pasado jueves en un
comunicado oficial. Para comprobar la situación de la piscina,
Ultima Hora se ha dirigido a la Delegación del
Gobierno mediante un escrito registrado el pasado viernes en el que
se explica que un equipo de periodistas se desplazará hasta la
Costa dels Pins y accederá al litoral. El documento pide que «se
informe a la Guardia Civil de la zona y, también, al gestor de la
piscina pública, de que se ejercerá el derecho de paso por el
dominio público, para que inste en todo caso a los propietarios del
chalet anexo a no propiciar ni provocar situaciones o escenas de
violencia como las registradas recientemente, ya que ésta no es en
ningún caso la intención».
Sin embargo, el escrito remitido puntualiza que «en caso de que
se haya restringido el derecho de paso por este lugar del dominio
público -de lo que no tenemos constancia oficial- rogamos nos lo
comuniquen a la mayor brevedad posible». El caso de la piscina de
Pedro J. Ramírez ha tenido una gran repercusión en los medios de
comunidad españoles. En un artículo firmado por José Manuel Ponte
en La Nueva España de Oviedo, por ejemplo, se lee que «la capacidad
de gritar y llamar la atención de este famoso periodista sólo es
comparable a la de aquellas niñas de las aventuras de Guillermo
Brown. Unas niñas de aspecto engañosamente candoroso que amenazaban
con chillar, en un tono persistentemente alto y agudo, si no se les
satisfacían sus caprichos», añade Ponte.
¿Por qué la piscina de Pedro J. Ramírez es un caso
único?
La piscina de Pedro J. Ramírez es un caso único en el litoral
español, como reconoció la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, el pasado mes de junio. Esto es así porque:
Es la única piscina española situada en el dominio público
marítimo-terrestre que entorpece la servidumbre de tránsito y que
ha recibido «cobertura legal». La Ley de Costas prohíbe
expresamente que haya instalaciones como ésta. Ninguna otra piscina
ha sido privilegiada con una concesión de uso desde 1988.
Los trámites para «legalizar» la piscina de Pedro J. Ramírez se
hicieron de manera excepcionalmente rápida: sólo pasó medio año
desde que la Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente
recibió la solicitud (30 de junio de 2000) y el momento en el que
se firmó la concesión para «uso general, público y gratuito (23 de
enero de 2001)», que nunca se ha cumplido.
Demarcación de Costas de Baleares realizó un informe en junio de
2000 en el que abogaba por demoler la piscina y convertirla en
«zona ajardinada» para uso público. No se tuvo en cuenta.
El peticionario nunca presentó un proyecto que garantizara el
derecho de paso y que regularizara el uso público de la zona. En
los planos del proyecto tampoco aparecen delimitados los accesos
públicos: al contrario, aparecen los muros que lo impiden. La
Dirección General del Ministerio lo dio en su momento todo por
bueno.
La concesión que regula el uso de la piscina nunca se ha
publicado en el BOE, como exige la Ley de Costas. Al margen de
otras consideraciones jurídicas, eso significa que la norma no
puede obligar a aquellos que no la han podido conocer.
La persona que solicitó la concesión, la viuda del académico
Joaquín Calvo Sotelo, pretendía que el Ministerio le renovara un
permiso de uso privativo que le dieron en tiempos de Franco, y que
en 2000 llevaba 17 años caducado. Pero sorprendentemente cuando se
dirigió al Ministerio ya no era la propietaria de la casa situada
detrás de la piscina, porque la había vendido a una sociedad
administrada por Pedro J. Ramírez.
Pedro J. Ramírez inscribió en 1999 la piscina y la terraza
situada en el dominio público como de su «propiedad» en el Registro
de Manacor. Pero la piscina y la terraza ya habían sido formalmente
rescatadas por el Estado, y no existía ninguna licencia o concesión
que le permitiera inscribir aquella «propiedad».
En agosto de 2004 los escoltas de Pedro J. Ramírez negaron el
paso y el uso de la piscina a Jaume Sastre. No tenían ningún
derecho a hacerlo. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente
archivó la denuncia de Sastre sin precisar el porqué. Esta decisión
ha sido recurrida por el Lobby per la Independència.
En junio de 2005, el Ministerio suspendió el «uso público» de la
instalación y dio un plazo de tres meses a Pedro J. Ramírez para
que presentara un proyecto para hacerlo viable. Ramírez se
convirtió así en «gestor de piscinas públicas», una figura legal
más que dudosa en éste y en cualquier otro caso, porque viene a
reconocer una transmisión presuntamente fraudulenta de los derechos
de la concesión, cosa expresamente prohibida por la ley.
El Lobby per la Indepèndencia presentó un recurso
contencioso-administrativo contra la concesión del año 2001, al
entender que esta orden ministerial no se ajusta a derecho. El
Tribunal Superior la ha aceptado a trámite. Mientras, la familia de
Pedro J. Ramírez continúa exhibiéndose sin ningún rubor en las
revistas de moda con «su» piscina.
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